España es el país que más multas paga por incumplimientos comunitarios
La CE elabora anualmente un informe que analiza cómo se aplican las normativas comunitarias. Desde 2012, España ha pagado 7 de cada 10 euros en concepto de sanciones.
España es el país que más multas paga por incumplimientos comunitarios. Siete de cada 10 euros que la Comisión Europea ingresa en concepto de sanciones proceden del país.
En los últimos cinco años, España ha pagado cerca de 54 millones de euros, según reseña El Mundo. El incumplimiento de Directivas europeas, su transposición tardía o la desobediencia de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son los motivos por los que este mismo órgano puede imponer una sanción económica a los Estados miembros.
El diario resalta que de los múltiples casos nacionales desde 2012, sólo tres han conllevado una sanción económica: el 'caso Megafesa' -24 millones de euros-, el conocido como las vacaciones fiscales vascas -30 millones- y el caso de la estiba. A pesar de que aún no se ha materializado el ingreso, el fallo del TJUE del pasado13 de julio condenaba a España a pagar tres millones de euros "por haber tardado en liberalizar el sector de los servicios portuarios de manipulación de mercancías".
Datos de la Secretaría General de la Comisión Europea indican que de los 76 millones de euros que se han ingresado en las arcas comunitarias desde 2012 por este concepto, un 70 % ha sido contribución española. Le sigue Bélgica con multas que suman 10 millones de euros; Grecia, con más de cinco millones; Suecia, con dos millones; y, en último lugar, Portugal y Luxemburgo, con casi 400.000 euros y 250.000 euros, respectivamente.
El proceso sancionador de la Comisión Europea comienza con la apertura de un caso que genera dudas al propio organismo, que se plantea en una denuncia del público o del Parlamento comunitario. Ante esta situación, es la CE la encargada de dictaminar si su resolución es más efectiva a través de un diálogo informal con el país en cuestión o a través de un procedimiento formal.
Este último se abre con una comunicación inicial en la que la CE le pregunta al país por el tema en cuestión. El Estado está obligado a contestar y si la Comisión sigue sin tenerlo claro pide más explicaciones en un segundo paso. Si los motivos alegados por el país no convencen a la CE entonces se inicia la fase de litigio.
El Tribunal de Justicia de la UE podrá declarar que el Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario, con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Una vez que se le ha dado la oportunidad de dar explicaciones al país, si aun así no adopta las medidas necesarias para dar cumplimiento a la primera sentencia, el Tribunal puede imponer sanciones financieras.
