España necesita un empujón fiscal para consolidar el crecimiento y generar empleo
Se puede dar por hecho que la Comisión Europea impondrá a España una sanción comprendida entre el 0% y el 0,2% del PIB (2.000 millones), es decir, puede ocurrir que la multa sea de 0 euros, pero que exista la sanción.
El año 2015 acabó hace unos meses. Pero al igual que ocurre con las empresas, es ahora cuando se procede a realizar el cierre de la contabilidad nacional. Mientras que en el caso de las compañías es el consejo de administración el órgano ante el que se rinde cuentas, España debe presentar sus cuentas y ser calificada en Bruselas. El Eurogrupo examina, evalúa y, en su caso, sanciona a aquellos países que no se han portado correctamente. En este caso, se da la paradoja que el país puede resultar sancionado como consecuencia de las escasas capacidades mostradas por el gobierno que en ese momento gestiona las cuentas del país.
En el caso de España, todo parece sugerir que Bruselas planea una sanción por los continuos incumplimientos de la diferencia entre ingresos y gastos del Estado (déficit público). Llevamos varios años en que gastamos más de lo que ingresamos y, lo que es peor, esa diferencia es recurrentemente mayor de lo previsto en cada ejercicio. En esta situación (gastos mayores que ingresos y diferencia superior a lo estimado), nuestro gobierno se defiende para intentar evitar las previsibles sanciones. Nuestro ministro de Economía justificó su gestión durante la pasada semana ante el Eurogrupo, subrayando que la evolución de la inflación (el comportamiento del IPC redujo los ingresos fiscales) y algunos gastos que no se repetirán este año explican la desviación en las cuentas públicas, que supero los 9.000 millones de euros. Es decir, la diferencia entre la realidad (5,1% del PIB) y lo presupuestado (4,2% del PIB) alcanzó los 1,5 billones de las antiguas pesetas. Es evidente que el Gobierno de Rajoy teme la sanción, lo que supondría un revés político para él y para España y una nueva pérdida de credibilidad en el contexto internacional.
Y es que crecimos más del 3% en 2015, pero las finanzas del Estado cerraron con un déficit que incumple un año más los objetivos fiscales. Los observadores europeos están convencidos de que el descontrol del gasto autonómico y, sobre todo, una errónea actuación fiscal electoralista explican el agujero de 2015.
Esta coyuntura sugiere un revés para España, ya que llevamos años inmersos en el llamado procedimiento de déficit excesivo. Los avisos de la Comisión no se han hecho esperar y en marzo envió una recomendación al Gobierno en funciones, reclamando medidas urgentes. El plan de estabilidad enviado por nuestras autoridades será evaluado próximamente, pero las reglas que nos hemos dado en el Eurogrupo están hechas para cumplirse. España no hizo esfuerzos en 2015, ya que en vez de intensificar las medidas de control del gasto, lo que se produjo fue una expansión fiscal.
No hay que olvidar que España es uno de los países que menos ingresos públicos logra. En 2015, la recaudación fue el 38,2% del PIB, muy lejos del 46,6%, que es la media de la zona euro. Solo Letonia, Lituania, Rumanía e Irlanda cuentan con menos recursos públicos. Finlandia, Dinamarca y Francia son los países con más ingresos, ya que recaudan por encima del 50% de su PIB.
La crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que generaba abultados ingresos para las arcas públicas, provocó el derrumbe de la recaudación. En 2009, España ingresaba el equivalente al 40,9% del PIB y, en 2011, el 34,8%. En dos años la recaudación cayó en 66.600 millones, lo que provocó un gran agujero en las cuentas públicas y llevó a los gobiernos de Zapatero y Rajoy a subir los impuestos.
El año pasado, cuando los ingresos públicos cayeron ligeramente respecto al ejercicio anterior es cuando entró en vigor la reforma fiscal del Gobierno, incluyendo una rebaja de tipos impositivos en el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Todo sugiere que la decisión que favoreció la adopción de estas medidas erróneas estuvo enraizada en que 2015 fue un año electoral.
España también se encuentra por debajo de la media en lo tocante al gasto público. El conjunto de la Administración gastó 468.421 millones, el 43,3% del PIB frente al promedio del 48,7% de la eurozona. A pesar de todos los ajustes anunciados y publicitados repetidamente, España hoy gasta más dinero que en 2007, cuando el peso del sector público era el 38,9% del PIB. Ello es así porque el gasto en desempleo, intereses de la deuda y pensiones se incrementó con fuerza.
Bruselas otorgará uno o dos años más para situar (por fin) el déficit por debajo del 3% del PIB
Y en este contexto, ¿qué puede pasar? Creemos que Bruselas otorgará uno o dos años más para situar (por fin) el déficit por debajo del 3% del PIB. Esta condescendencia no será la primera vez que se produzca, pero estamos convencidos de que en esta ocasión exigirá ajustes serios, adicionales y en la actual coyuntura, particularmente duros. Se puede dar por hecho que la Comisión impondrá una sanción comprendida entre el 0% y el 0,2% del PIB (2.000 millones), es decir, puede ocurrir que la multa sea de 0 euros, pero que exista la sanción.
No obstante, sea el importe que sea, hay que ser conscientes de la carga simbólica de una multa de esta naturaleza, que se impondría por primera vez. El Gobierno Rajoy, tal como señalábamos, está intentando dar la batalla por todos los medios a su alcance para tratar de evitar esta circunstancia. Así, el Ministro de Economía ya ha pedido disculpas a los socios por el enésimo incumplimiento, aunque subrayando que prefiere este escenario, ya que el crecimiento y el empleo son más importantes que el cumplimiento del déficit público. Es evidente que la presente situación tiene difícil explicación ante los socios europeos, ya que en un contexto de fuerte crecimiento, con unos ingresos fiscales creciendo sólidamente, sólo se puede explicar el elevado déficit por una incontinencia del gasto o por la adopción de medidas electoralistas en un año de elecciones generales.
Además, este escenario tiene lugar en un momento donde la solución política en España parece difícil, con un una más que probable repetición de las elecciones generales. Por otro lado, los sondeos que se van conociendo sugieren que los resultados tampoco favorecerán la gobernabilidad.
En Zincapital pensamos que España necesita un empujón fiscal para consolidar el crecimiento y generar empleo agresivamente. La política monetaria aplicada por el BCE favorece a nuestra economía, y la otra gran herramienta debiera ser decisiva en esta circunstancia. Pero el corsé fiscal de Bruselas, unido a la escasa credibilidad que tenemos actualmente, provocará un recorte de las posibilidades de incentivar la economía. En otras palabras, pensamos que la política fiscal en 2016 será una losa para acelerar la actividad, cuando debiera ser lo contrario.
Esperamos equivocarnos…
