España continúa en crisis fiscal y aumenta su déficit público por primera vez desde 2012
Los números no encajan en España como solían hacerlo tal cual un rompecabezas que el Gobierno estaba costumbrado a armar con precisión. Hoy por hoy, la realidad es muy distinta. La brecha fiscal ha colocado al Estado español en una crisis que amenaza con saturar la economía de dinero artificial emitido desde el BCE y canalizado por el Banco de España, pues aunque el euro no registre inflación intrínseca, en España, la moneda comunitaria podría exceder su liquidez hasta el punto en el que el índice de precios, la demanda y la baja oferta por la parálisis económica impulsen una oferta monetaria desequilibrada con respecto al PIB del país.
Y es que tras años de ajustes y financiamientos desmedidos para reducir los enormes diferenciales entre lo que el Gobierno promete en gastos versus lo que realmente dispone en sus presupuestos por los ingresos fiscales netos para cuadrar unas cuentas sacudidas por la crisis, España ha vuelto a ampliar su déficit: el agujero del conjunto de las administraciones públicas escaló hasta los 33.223 millones de euros en 2019, casi un 9% más con respecto al año anterior y el primer aumento en siete años.
El agujero fiscal no hace sino crecer justo en un medio de un contexto en el que el Ejecutivo se ve obligado a asumir la financiación absoluta de la economía para evitar que el shock económico causado por la pandemia de coronavirus pulverice el producto interno bruto a niveles incontrolables.
El dato, que fue publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), supone unos números rojos equivalentes al 2,7% del PIB. Esto equivale unos 260 millones de dólares (237 millones de euros) del total del valor de la economía española: 1,3 billones de dólares (1,1 billones de euros).
Esta es una cifra que no solo está lejos de la senda anterior, la del PP, que lo fijaba en el 1,3%, sino también del objetivo más “realista” prometido por el Gobierno de Pedro Sánchez: un 2%. Sin embargo, por siete décimas, uno 4 millones de euros aproximadamente, el Gobierno ha perdido el control de unas cuentas públicas que no terminan de cuajar en los haberes financieros estatales por las políticas regresivas del Ejecutivo, cuyo enfoque no se ha centrado en la reversión del déficit fiscal como la solución a la mayoría de los problemas y distorsiones económicas que atraviesa España, empezando por los salarios y las pensiones.
Uno de los departamentos más importantes del Estado no logra aplicar un plan administrativo que realmente llene de liquidez el déficit para, aunque no se convierta en superávit, lograr reducirlo a una cifra positiva de al menos un diferencial de 0,5% del PIB, lo que daría pie a un abanico de opciones de financiamiento social por parte del Gobierno mediante un aumento general de salarios y pensiones.
A la espera de que el ministerio de Hacienda confirme los datos a lo largo del día con su estadística, parece que el Ejecutivo no ha logrado cumplir con su propósito de reducir el agujero por debajo del nivel de 2018, cuando se situó en el 2,5%, pese al crecimiento económico. @mundiario
