España acelera el gasto militar mientras la inversión social sigue esperando
En apenas un mes, el Gobierno ha puesto en marcha 13 de los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), liberando 7.334 millones de euros en préstamos al 0% de interés. Se trata de una fórmula financiera que permite a las empresas de defensa no recurrir a bancos privados, evitando así costes adicionales que finalmente acabaría pagando el propio Estado. El modelo, en apariencia pragmático, plantea sin embargo una cuestión de fondo: ¿por qué el sector militar goza de condiciones tan ventajosas mientras otros sectores estratégicos, como la vivienda, la sanidad o la transición energética, se enfrentan a trabas burocráticas, intereses elevados y presupuestos limitados?
El paquete más llamativo lo ha recibido Airbus, con más de 3.600 millones, destinados a nuevos sistemas de entrenamiento aéreo y helicópteros de última generación que se ensamblarán en Albacete. Navantia, por su parte, ha visto desbloqueados 2.292 millones para modernizar fragatas, renovar buques de apoyo y desarrollar nuevas embarcaciones militares. Indra no se queda atrás, reforzando su posición en el programa del satélite PAZ II y en el ambicioso proyecto del futuro caza europeo FCAS.
¿Seguridad o dependencia económica?
Los defensores de esta política sostienen que invertir en defensa no solo refuerza la seguridad nacional, sino que además sostiene miles de empleos de alta cualificación en sectores tecnológicos clave. En lugares como Albacete, Ferrol o Cádiz, la industria militar es motor de empleo y cualquier recorte tendría consecuencias sociales inmediatas. Esa realidad explica parte del silencio político en torno al tema.
Sin embargo, el argumento no es tan sólido si lo analizamos con perspectiva. La dependencia de comarcas enteras de contratos militares evidencia una falta de diversificación productiva. Se invierte en defensa porque genera empleo, pero se podría generar el mismo dinamismo si se apostase con la misma contundencia por energías limpias, investigación biomédica o digitalización avanzada. El problema no es la defensa en sí, sino que la balanza está tan inclinada hacia lo militar que deja poco margen para imaginar un modelo económico alternativo.
El dilema de las prioridades colectivas
Conviene recordar que los préstamos a la industria militar, aunque sean a tipo cero, se pagan con dinero público y comprometen partidas presupuestarias durante décadas. El satélite PAZ II, por ejemplo, recibirá más de 1.000 millones y no estará plenamente operativo hasta 2032. Lo mismo ocurre con los nuevos buques o aeronaves, que hipotecan gasto público más allá de este ciclo político. Mientras tanto, hospitales denuncian falta de personal, la escuela pública arrastra déficits estructurales y la vivienda asequible sigue siendo una quimera para gran parte de la juventud.
La pregunta, entonces, no es si España debe invertir en defensa. Esa cuestión está fuera de duda en un contexto internacional convulso. La cuestión real es si debe hacerlo a este ritmo y con esta magnitud, mientras otros sectores clave se quedan a la espera. El riesgo es consolidar un país en el que la seguridad militar crezca a costa de la seguridad social, entendida en su sentido más amplio: salud, vivienda, pensiones, igualdad de oportunidades.
Si queremos un Estado fuerte y resiliente, no basta con fragatas, helicópteros y satélites. La fortaleza también se mide en aulas bien dotadas, hospitales sin listas de espera y barrios donde vivir no sea un lujo. La decisión política está tomada, pero el debate ciudadano apenas comienza. Y conviene que lo hagamos sin eufemismos, porque lo que está en juego no es solo qué armas compramos, sino qué sociedad queremos construir. @mundiario