Escrivá planea endurecer las condiciones para las jubilaciones voluntarias
El Estado español busca por todas las vías posibles cerrar la brecha en su déficit fiscal y reinyectarle capital, financiamiento y solvencia socioeconómica al segmento poblacional que está de salida y relevo de la próxima generación de españoles entrante con miras a impulsar el desarrollo a largo plazo de la nación. Y es que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteó este jueves su argumento de que para cerrar el déficit de las pensiones (más gastos en pasivos y deuda pública que ingresos para financiar nuevas pensiones) y abordar también las necesidad de la generación del baby boom en su período de jubilación no hace falta reestructurar todo el sistema.
La propuesta de Escrivá se centra en que es necesario llenar el mercado con nuevo capital humano para sustituir al que va de salida. Por esa razón, en primer lugar, pidió que se exonere al instituto público de gastos que no le corresponden (descuentos a la Seguridad Social, gestión y personal), lo que podría implicar una redistribución de las cargas fiscales hacia el Ministerio de Hacienda, tener una política migratoria para atraer trabajadores extranjeros que compensen la salida laboral de ese gran contingente de población activa que se avecina, es decir, generar un nuevo saldo laboral y profesional para recapitalizar el sistema de generación de la red de empresas privadas y públicas que aportará la nueva masa de jubilados y, además, pidió "retrasar la edad efectiva de jubilación para aproximarla a la legal". Según la legislación española, la primera está ahora en 64 años y cinco meses y la segunda en 2020 se sitúa entre 65 años y 65 años y 10 meses (llegará a un rango de entre los 65 años y los 67 años en 2027).
De esta forma, el Gobierno recurre a una estrategia que, si se produce un consenso político tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, podría funcionarle para financiar el déficit con los aportes al Fisco de los nuevos contribuyentes de la 'generación Z' y los 'Millennials'.
El ministro esgrime dos elementos clave: mejorar los incentivos para que los trabajadores alarguen su vida laboral voluntariamente y, por otro lado, endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias, que suponen el 16% del total. El primero consiste en propiciar una cultura laboral progresiva de expansión socioeconómica en cuanto los estándares de vida de los trabajadores españoles, mientras que la segunda se basa en limitar el derecho de los trabajadores de mayor edad a retirarse del sistema prematuramente, lo cual le permitiría al Gobierno ganar tiempo para crear más financiamiento a nuevas pensiones.
El ministro solo ha hablado de estos tipos de pensiones, pero no ha dicho nada de las involuntarias, las que utilizan los trabajadores afectados por despidos colectivos. Sobre las voluntarias ha dicho: “Esto tiene que ver con que el diseño es muy regresivo y el supuesto desincentivo es mucho menor de lo que uno puede suponer. El desincentivo tiene margen de mejora”, reseñó la prensa local asistente a la sesión de este jueves en el Congreso de los Diputados.
La apuesta de Escrivá por impulsar esta opción, acercar edad legal y real de jubilación, como mecanismo de ajuste del sistema se explica en que el Gobierno busca reformar el sistema para hacerlo más sostenible, equilibrado y con mayor capacidad de autorenovación de forma tal que el capital humano saliente no represente una carga y pueda ser financiado con las reservas fiscales que se alimentan también de los fondos con aportes tributarios de comercios, empresas y contribuyentes naturales.
“Esta es una palanca potentísima de acción. Por cada año que la jubilación efectiva aumenta resolvemos un 25% del problema”, sentenció el ministro. @mundiario
