Escrivá: “El ingreso mínimo vital se resuelve a ritmo creciente y tendrá efectos retroactivos”
La gestión de la crisis socioeconómica que sacude a la población española de manera implícita, latente, perenne y silenciosa, es ahora la mayor responsabilidad de un Gobierno que sigue apostando por la liquidez, los subsidios y la estimulación artificial del consumo como su principal política de shock hacia la actual emergencia provocada por la crisis del coronavirus.
Y es que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este jueves que “el ritmo al que se resuelven los expedientes del ingreso mínimo vital (IMV) es creciente”, y que “los hogares con derecho a esa prestación la recibirán con carácter retroactivo desde junio”.
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Esto implica que actualmente se desarrolla un proceso administrativo amplio en el que toda la infraestructura logística del Estado y del Ministerio de Seguridad Social está enfocada en la implementación de un sistema de transferencias directas que facilita la distribución de esos fondos, que emanan de las reservas y excedentes presupuestarios, la reserva tributaria, el flujo de caja del Gobierno y los presupuestos internos de la Administración central apalancados para financiar esta política pública.
Tras reunirse con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el ministro Escrivá ha dicho a la prensa que “se han recibido más de 800.000 solicitudes para percibir el IMV, de las que se han resuelto 145.000, se han concedido a 80.000 hogares (unas 200.000 personas), y se han pagado 50 millones de euros”.
Con un monto promedio de 500 euros, ese subsidio totaliza un presupuesto que hasta ahora suma unos 400 millones de euros y se espera que ascienda a los 1.000 millones para finales de año o mediados de 2021, pues el desgaste socioeconómico persiste en varias franjas de poblaciones vulnerables en España ante el golpe de la pandemia. @mundiario