Es la Unión Europea, estúpidos

Ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni la Xunta de Feijóo tienen la culpa del cierre de la térmica de As Pontes de García Rodríguez. Es una decisión empresarial de Endesa, la propietaria de la central. La toma por la simple razón de que no le salen las cuentas ante las decisiones adoptadas por la Unión Europea para reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, causantes a su vez del cambio climático (frente al que, por cierto, se han movilizado en los últimos días varios miles de gallegos). En lo que va de año Endesa apenas ha podido vender un ínfima parte de la electricidad que venía produciendo a partir del carbón, un combustible que en el conjunto de la UE tiene los días contados como fuente de energía.

Hace apenas unos meses la propia Comisión Europea hacía público un ranking en el que la térmica de As Pontes volvía a figurar como la instalación industrial más contaminante de España, con diferencia. En el marco de la estrategia comunitaria de transición energética, la central pontesa tenía fecha de caducidad. Difícilmente seguiría funcionando más allá de 2035, a pesar de la fuerte inversión acometida por Endesa para adaptar progresivamente sus instalaciones a la limitación de emisiones contaminantes establecida por Bruselas. En las comarcas directamente afectadas, incluida Ferrolterra, la noticia ha caído como un jarro de agua fría, aunque ya podían esperárselo, porque se venía venir. Que se lo digan a los transportistas del carbón, movilizados hace semanas por la falta de carga de trabajo que les hacía tener lo peor.

Ahora ya es oficial: la antigua eléctrica estatal anuncia el inminente cierre de As Pontes por inviable. Y es que el precio a pagar por cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera ha pasado de los 8 euros del año a los casi 27 actuales. Un sobrecoste que afecta a todas las centrales de carbón, que las expulsa "de facto" de la subasta eléctrica y que en Galicia ya había precipitado el apagado definitivo de Meirama, en Cerceda, propiedad de Naturgy (antes Gas Natural-Fenosa). Eso, dicen los expertos, es algo en el que los gobiernos nacionales -ya no digamos los regionales o autonómicos- poco o nada pueden hacer, más allá de enzarzarse en un cruce de reproches en cuanto a los niveles de responsabilidad de unos y otros, que parece a la vez inútil e inevitable, tanto por la trascendencia del asunto como por la coyuntura preelectoral que atravesamos.

Los ecologistas guardan silencio. Parecen no querer apuntarse el tanto. Llevaban años luchando contra el impacto ambiental de las térmicas gallegas. Al fin se salen con la suya incluso antes de lo que ellos mismos esperaban. Pero saben que su causa no contó nunca con la complicidad de los lugareños, porque la inmensa mayoría de ellos vivían directa o indirectamente de la central. Y no les preocupaba demasiado la contaminación convencidos como estaban de que la altura de las chimeneas enviaba el humo a muchos kilómetros de distancia, a la Gran Bretaña. El problema es que con el cierre de As Pontes -como sucederá con Alcoa en San Cibrao- la zona va a sufrir un apagón económico tal vez irreversible para el que tenía que estar preparada desde hace tiempo y cuyas consecuencias, a toro pasado, no van a resolver ni Moncloa, ni San Caetano, ni las movilizaciones por multitudinarias que sean. Y Bruselas, que es la que decide, como quien oye llover. Los eurócratas son expertos en hacer oídos sordos por muy intenso -y justificado- que sea el clamor. Ellos a lo suyo. @mundiario