¿Es necesario incorporar los municipios a las políticas de desarrollo económico?

El INE acaba de publicar una nueva edición del informe “Contabilidad regional de España”. Sus cifras nos permiten comparar la evolución de las distintas Comunidades Autónomas. Lo más representativo será analizar el peso del Producto Interior Bruto y de la población de cada una de las Comunidades sobre el total español. Tomamos el período 2000-2018 y observamos cuatro comportamientos diferentes:

1. Mayor peso: Madrid es la región que observa, con creces, una evolución más positiva; su peso sobre el total gana 1,37 puntos en PIB (de 17,67% a 19,04%) y 0,90 en población (de 13,20% a 14,10%). Cataluña muestra igualmente una variación favorable, aunque más modesta: gana 0,25 puntos en PIB y 0,56 en población. En este grupo cabecero, se cuela Murcia con ganancias de 0,16 puntos en PIB y 0,26 en población.

2. Peso demográfico: Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana crecen por encima de los 0,40 puntos en población aunque se mantienen estancados o en recesión (Canarias pierde 0,21 y Valencia 0,40) en Producto Interior Neto.

3. Estable: incluimos aquí las Comunidades Autónomas que muestran una variación inferior a 0,1 puntos, positiva o negativa, en ambas variables. Son Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Navarra y La Rioja.

4. En declive: quedan las Comunidades Autónomas que sufren una caída superior a 0,10 en alguna variable. Castilla-León resulta el caso más drástico, con pérdida de 0,65 puntos en PIB y 0,93 en población. A continuación, Galicia pierde 0,88 puntos de peso demográfico (se mantiene en PIB), mientras que País Vasco, Asturias y Extremadura ofrecen una evolución recesiva –entre 0,20 y 0,50 puntos– en ambas magnitudes.

Si buscamos un elemento común en este último grupo, observamos que ninguna de las Comunidades Autónomas con un mayor declive poseen en su territorio una ciudad con más de 500.000 habitantes. En el extremo contrario, el crecimiento de las dos CC.AA. líderes se puede explicar por la capacidad de atracción y el dinamismo endógeno de sus ciudades principales, Madrid y Barcelona.

Las desigualdades territoriales son una preocupación de los mandatarios europeos desde la formación de la CEE; en España, la propia Constitución alienta el “principio de solidaridad” con el objeto de evitar las diferencias de desarrollo económico. Sin embargo, como hemos visto, tales diferencias, lejos de corregirse, tienden a aumentar. Entre las múltiples razones que se pueden aducir, estamos convencidos de que el tratamiento de la política municipal en España es una de las más relevantes.

Las leyes reguladoras del régimen local reservan a los municipios competencias exclusivas de gestión de servicios e infraestructuras. Incluso los ayuntamientos de mayor tamaño tienen restringidas las actividades en el ámbito de la economía, el empleo, la empresa, la captación de inversiones, la promoción de proyectos, la incentivación tecnológica o la apuesta por el I+D. Los municipios con una mayor dotación de medios ignoran en ocasiones estas restricciones y se convierten en agentes de desarrollo a menudo asociados a universidades, confederaciones de empresarios o también a organismos de otras administraciones. En cualquier caso, desdeñar la acción emprendedora de las corporaciones locales supone una debilidad intrínseca del funcionamiento económico en España. 

Con independencia de la necesidad de dotar a los ayuntamientos de competencias en el ámbito económico, los pequeños municipios no pueden competir con los grandes en capacidad de generación de actividad. Por ello, sería necesario hacer una reflexión sobre el papel de cada administración. La unión de municipios sería una solución posiblemente ideal aunque la contraposición de intereses de todo tipo, lamentablemente, supondría un hándicap difícil de superar. La creación de entidades comarcales, tal como se ha acometido en algunas CC.AA., iría en la buena dirección si éstas fuesen dotadas de medios financieros y de equipos especializados para llevar a cabo la labor de dinamización económica. Las propias áreas metropolitanas parecerían una solución adecuada pero la dura realidad nos disuade de su recomendación.

La medida que se revela más pragmática sería implantar una estrategia de cooperación intermunicipal, es decir, la acción conjunta de municipios constitutivos de un territorio económico integrable, con el fin de promover la actividad sobre la base de las empresas locales, de la captación de inversiones exteriores y del fomento del emprendimiento. Sería cuestión de realizar un planteamiento, como digo, integral de ese espacio comarcal y diseñar una estrategia conjunta que lo convierta en un área de desarrollo capaz de competir con las grandes urbes. Una acción en esta línea, además, se beneficiaría de los múltiples programas comunitarios diseñados precisamente para el desarrollo local.

Tenemos las elecciones municipales a la vuelta de la esquina. No estaría mal que los partidos incluyesen en sus programas políticas de colaboración en el marco económico y del empleo. Seria todo un avance. @mundiario