Equipaje de mano sin sobrecoste: la Eurocámara se planta ante las aerolíneas

Los pasajeros llevan años soportando un abuso normalizado: tener que pagar por llevar una maleta de mano en la cabina del avión. Algo que, más allá del bolsillo, ha supuesto una constante vulneración del sentido común. Pero ahora, la Eurocámara vuelve a tomar partido, y lo hace con contundencia. Con 38 de los 42 votos, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha dado luz verde a una enmienda que podría cambiar las reglas del juego y devolver al viajero un derecho básico: subir su equipaje de mano a la cabina sin coste adicional.

El gesto va mucho más allá de una simple cuestión de tarifas. Se trata de una respuesta institucional a años de tensiones entre los intereses de los consumidores y los de un sector que, escudándose en la “libertad tarifaria”, ha convertido lo esencial en un lujo. Esta medida, que eleva a 100 centímetros (sumando largo, ancho y alto) las dimensiones permitidas de forma gratuita, recoge el espíritu de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014, que ya establecía que el trolley no debía suponer un suplemento si cumplía con requisitos razonables.

Lo que parecía obvio se ha ido diluyendo entre regulaciones ambiguas, interpretaciones dispares y, sobre todo, el imparable avance del modelo low cost, que ha logrado colonizar hasta la política comunitaria. Porque el verdadero nudo del conflicto no es técnico ni logístico, sino político: quién manda en Europa, el ciudadano o las grandes multinacionales.

En ese sentido, el movimiento del Parlamento Europeo debe leerse como un desafío directo al Consejo de la UE, que hace apenas unas semanas —por la mínima— votó a favor de una postura contraria. Según ese texto, el bulto gratuito debería reducirse a unas exiguas dimensiones de 40x30x15 cm, lo que excluiría la mayoría de maletas de cabina utilizadas habitualmente. La grieta institucional está servida, y lo que se dirime en ella no es solo el tamaño de una maleta, sino la propia coherencia del proyecto europeo.

Una batalla entre derechos y negocio

El ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, no ha dudado en calificar como bochornosa la actitud del Consejo Europeo por haberse “plegado a los intereses del lobby de las aerolíneas”. Y razón no le falta. La decisión del Consejo fue celebrada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que no ha tardado en criticar el paso dado por la Eurocámara alegando que “confunde a los consumidores”. Una afirmación llamativa, cuando han sido precisamente las prácticas agresivas del sector —como el cobro por imprimir la tarjeta de embarque o elegir asiento— las que han sembrado la confusión y el malestar generalizado entre los viajeros.

La ALA y las compañías sancionadas en España (Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian) sostienen que el cobro por equipaje mejora la libertad del consumidor al permitirle pagar solo por lo que usa. Pero esa lógica de menú a la carta se cae cuando lo que se cobra es un mínimo indispensable para cualquier desplazamiento. El trolley no es un extra. Es, para millones de pasajeros, una necesidad básica. Y pretender convertirlo en un privilegio no es liberalismo, es simple codicia.

El momento de legislar con claridad

Europa no puede seguir instalada en esta ambigüedad normativa que deja al pasajero a merced del operador aéreo. El actual Reglamento 1008/2008 da libertad a las aerolíneas para fijar precios, pero no define claramente los límites del equipaje gratuito, lo que ha generado años de litigios y resoluciones contradictorias en los tribunales nacionales. Esta nueva reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros debe ser una oportunidad para zanjar el debate y proteger de forma inequívoca al consumidor.

Y aquí la Eurocámara se juega mucho más que una cuestión de imagen: se juega su credibilidad como institución garante de los derechos ciudadanos frente a los intereses de los lobbies. De momento, la propuesta necesita aún el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento (al menos 361 eurodiputados), un reto complejo, pero no imposible. Si logra salir adelante, marcaría un punto de inflexión en la relación de fuerzas entre ciudadanos y corporaciones. @mundiario