Entre la guerra y la economía: España reactiva el diálogo social para blindar el empleo
La política económica a veces funciona como un sistema de diques frente a una crecida. Cuando la presión exterior aumenta —conflictos bélicos, tensiones comerciales o volatilidad energética— los gobiernos tratan de reforzar esos muros antes de que el agua llegue a las calles. Eso es, en esencia, lo que está intentando hacer el Ejecutivo español al activar un seguimiento del impacto que el actual escenario internacional puede tener sobre el empleo y el tejido productivo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reunido a sindicatos y representantes empresariales para establecer un mecanismo de vigilancia dentro del diálogo social. El objetivo inmediato es evaluar cómo la escalada bélica en Oriente Próximo, unida a las amenazas comerciales procedentes de Estados Unidos, podría trasladarse a la economía española. No se trata todavía de aplicar medidas de emergencia, sino de tenerlas preparadas para activarlas si la situación se deteriora.
El precedente más cercano es la pandemia. Durante aquellos meses, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) permitieron mantener el vínculo laboral de millones de trabajadores mientras las empresas atravesaban una parálisis económica sin precedentes. Ahora el Gobierno plantea recuperar herramientas similares si fuera necesario, como condiciones especiales para los ERTE o el llamado Mecanismo RED, pensado para suspender temporalmente empleo en sectores en crisis sin recurrir a despidos masivos.
La prevención económica como estrategia
Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa figuran también bonificaciones o aplazamientos en las cotizaciones a la Seguridad Social, prestaciones para trabajadores afectados y subsidios para autónomos. En otras palabras, instrumentos destinados a ganar tiempo cuando el mercado se vuelve incierto.
El debate no se limita al empleo. El encarecimiento de la energía vuelve a aparecer como un factor central. El petróleo ha registrado aumentos significativos y el gas natural ha experimentado subidas aún más pronunciadas, lo que podría trasladarse a los costes de producción y, finalmente, al bolsillo de los consumidores.
Por ese motivo se plantea recuperar algunas medidas ya utilizadas en la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Entre ellas destacan el tope al precio del gas en el mercado mayorista —la conocida excepción ibérica— o las bonificaciones al gasóleo. También se discute la posibilidad de ampliar el bono social eléctrico y reforzar medidas de protección de rentas familiares.
La lógica es clara. Cuando la energía se encarece, toda la economía se resiente. Las empresas ven aumentar sus costes y las familias pierden capacidad de consumo. Si ese ciclo no se frena, el empleo acaba siendo la siguiente pieza en caer.
Sindicatos piden una respuesta más amplia
Los sindicatos han valorado positivamente la reunión, pero consideran que el seguimiento debería ampliarse. Tanto CC OO como UGT han reclamado un foro más amplio que involucre a varios ministerios y esté coordinado directamente por la Presidencia del Gobierno.
La razón es que los efectos de una crisis internacional no se limitan al mercado laboral. También afectan a la política energética, al comercio exterior, a la vivienda o a la fiscalidad. Desde esta perspectiva, las organizaciones sindicales reclaman un enfoque más global que permita anticipar los impactos antes de que se conviertan en un problema estructural.
Además, han pedido transparencia sobre el coste de las medidas que puedan adoptarse. La experiencia reciente demuestra que proteger el empleo exige recursos públicos considerables. Durante la pandemia, el Estado destinó decenas de miles de millones de euros para sostener a empresas y trabajadores.
Una lección reciente sobre el valor del escudo social
El debate de fondo no es nuevo. En las últimas grandes crisis económicas se ha comprobado que el coste de no actuar suele ser mayor que el de intervenir a tiempo. Cuando el empleo se destruye de forma masiva, reconstruirlo puede llevar años.
La economía moderna funciona como una cadena de engranajes. Si uno de ellos se rompe —energía, comercio o consumo— el resto termina resintiéndose. De ahí que muchos economistas defiendan mecanismos de estabilización que amortigüen los golpes externos.
España ya ha probado algunos de esos instrumentos con resultados relativamente positivos. Los ERTE durante la pandemia evitaron una oleada de despidos y permitieron una recuperación más rápida del mercado laboral. Ese precedente explica por qué ahora se insiste en tener herramientas listas antes de que la tormenta arrecie.
La cuestión no es si habrá turbulencias económicas, sino cómo se afrontarán. La historia reciente demuestra que las crisis no golpean a todos por igual y que las decisiones políticas pueden marcar la diferencia entre una sacudida temporal y una fractura social duradera. Anticiparse, coordinar respuestas y proteger a quienes sostienen la economía real —trabajadores y pequeñas empresas— sigue siendo, más que una opción ideológica, una cuestión de estabilidad colectiva. Y también de aprendizaje tras los errores del pasado. @mundiario