Las eléctricas alegarán ante el Consejo de Estado tras las discrepancias con la CNMC

La pugna por la retribución de las redes eléctricas entra en su fase más decisiva. Tras meses de tensión soterrada y discrepancias internas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las grandes compañías han activado su ofensiva final: presentarán alegaciones ante el Consejo de Estado para tratar de arañar una mejora en la tasa de retribución financiera (TRF) que marcará sus ingresos regulados durante los próximos seis años. Nada menos que una parte significativa del recibo que pagan los consumidores está en juego.

La propuesta del regulador —un 6,58% de TRF— queda lejos del 7,5% que defienden Iberdrola, Endesa y EDP a través de su patronal Aelec. Y aunque el dictamen del Consejo de Estado no será vinculante, las eléctricas confían en que las tensiones dentro de la CNMC, reflejadas en los votos particulares de varios consejeros, otorguen fuerza a sus argumentos en un procedimiento que se ha vuelto más político que técnico.

El expediente, según señala EL PAÍS, ya está en manos del Ministerio de Economía, aunque todavía no ha sido remitido oficialmente al órgano consultivo. En cuanto esto ocurra, se abrirá un periodo de alegaciones que las compañías esperan aprovechar por completo. La batalla se libra en despachos discretos, conversaciones informales y presiones territoriales que revelan hasta qué punto las redes eléctricas son hoy un campo de poder económico y político.

La fractura interna del regulador —dos consejeros piden más retribución y uno menos— ha ofrecido a las eléctricas una grieta inesperada. Y en un escenario donde cada coma cuenta, esa grieta puede traducirse en millones.

Discrepancias que reordenan el tablero regulatorio

Dos consejeros de la CNMC, Josep María Salas y María Jesús Martín, han emitido votos particulares defendiendo revisiones que llevarían a una retribución más favorable para las compañías. En el extremo opuesto, Carlos Aguilar reclama rebajar el 6,58% propuesto hasta el 6,46% de la primera versión técnica.

Esa división es oro para las eléctricas. Podrán exhibirla ante el Consejo de Estado como prueba de que la propuesta aprobada no es un consenso incuestionable, sino la decisión de una mayoría ajustada que ha ignorado sensibilidades internas. En un órgano donde la técnica convive con el criterio jurídico, cualquier matiz adquiere una magnitud estratégica.

A ese escenario se suma un elemento sensible: las presiones indirectas del Gobierno vasco para que los dos consejeros designados por Euskadi —Enrique Monasterio y Rafael Iturriaga— revisen su posición y apoyen una mejora en la retribución para favorecer inversiones en redes en un territorio que ya sufre saturación eléctrica. La industria vasca, especialmente la ligada a Iberdrola, observa el debate con preocupación y expectativa.

Entre la neutralidad institucional y la presión energética

El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado observaciones a las circulares de retribución. En ellas apunta hacia cierta mejora técnica para garantizar que el país pueda acometer inversiones clave en redes en plena carrera hacia la descarbonización.

Pero, a diferencia de 2020, esta vez el Gobierno no ha activado la Comisión de Cooperación, el mecanismo legal que le permitiría sentar al regulador y tratar de influir en la decisión final. En Moncloa pesan dos temores: encarecer la luz —en un momento en que la inflación vuelve a preocupar— y abrir un conflicto institucional con la CNMC mientras las eléctricas presionan por otros frentes como la prórroga nuclear o las compensaciones por apagones recientes.

Con este tablero, la estrategia de las compañías es clara: aprovechar cada fisura. La fractura interna del regulador, las observaciones del Ministerio y el discurso territorial sobre la saturación de redes se convertirán en munición jurídica y técnica para reclamar una TRF más elevada.

El Consejo de Estado no dictará la última palabra, pero su informe será una pieza que, políticamente, nadie querrá ignorar. Para las eléctricas, es una oportunidad de inclinar la balanza en un proceso donde cada décima de retribución puede mover cientos de millones. Para la CNMC, supone la prueba definitiva de su independencia. @mundiario