El mantenimiento de las políticas europeas de biocombustibles cuesta 10.000 millones cada año

Las políticas europeas de fomento de biocombustibles no están consiguiendo los beneficios climáticos  que originalmente perseguían.
Las políticas europeas de fomento de biocombustibles no están consiguiendo los beneficios climáticos que originalmente perseguían.
Investigaciones citadas por Ecologistas en Acción han demostrado cómo las políticas europeas de biocombustibles no reducen los gases de efecto invernadero (GEI) del sector transporte.
El mantenimiento de las políticas europeas de biocombustibles cuesta 10.000 millones cada año

El conjunto de Estados miembros de la UE destinó en 2011 10.000 millones de euros, una cantidad similar a la prestada en el rescate financiero a Chipre, a apoyar a la industria de los biocombustibles, de acuerdo con un nuevo estudio del Institute for Sustainable Development (IISD). Este uso de fondos públicos, en un momento de importantes recortes presupuestarios en gastos sociales o de protección del Medio Ambiente, permitió alcanzar un 4,5% del mercado europeo de combustibles en el mismo año – ligeramente inferior al límite del 5% propuesto por la Comisión Europea, según Ecologistas en Acción.

Alcanzar el 8,6% de biocombustibles en 2020 (porcentaje previsto en las políticas europeas actuales), ignorando el límite del 5%, requeriría de acuerdo con el estudio entre 28,8 y 33,1 miles de millones de euros adicionales procedentes de fondos públicos en el periodo 2014-2020.

El estudio, titulado “Biocombustibles - ¿A qué coste? Una evaluación de los costes y beneficios de las políticas de la UE sobre biocombustibles”, evalúa el apoyo dado a la industria de biocombustibles en relación a sus resultados, y analiza el gasto financiero para el periodo 2014-2020 que tendría alcanzar el objetivo del 10% establecido en la Directiva de Energías Renovables. El estudio está cofinanciado por IISD y las organizaciones European Environmental Bureau (EEB), Transport & Environment (T&E) -de las que Ecologistas en Acción es miembro- y BirdLife Europe.

Investigaciones anteriores han demostrado cómo las políticas europeas de biocombustibles no reducen los gases de efecto invernadero (GEI) del sector transporte. Si se tuvieran en cuenta las emisiones GEI debidas a los cambios indirectos de usos del suelo (conocidos como ILUC por sus siglas en inglés), los cálculos de emisiones de los biocombustibles mayoritarios en el mercado europeo superarían a los del diesel de origen fósil. Esta situación es especialmente preocupante en el Estado español, donde el biodiesel de aceites de soja, palma y colza supuso en 2011 más del 75% del total del mercado de biocombustibles.

De acuerdo con Nusa Urbancic, responsable del programa de combustibles de T&E, “sabemos que las políticas europeas de fomento de biocombustibles no están consiguiendo los beneficios climáticos  que originalmente perseguían. Los 10 mil millones de euros de apoyo público que la UE destina a los biocombustibles cada año son difícilmente justificables en el momento actual de importantes restricciones presupuestarias. Esta cantidad puede duplicarse si los gobiernos insisten en alcanzar el objetivo comunitario del 10%. Los Estados miembros deberían darse cuenta de que limitar los biocombustibles en los niveles actuales, como propone la Comisión Europea, ahorrará  mucho dinero, además de reducir emisiones GEI.”

La cifra de 10 mil millones de euros es la media del apoyo público estimado en un rango entre 9.300 y 10.700 millones de euros. Estas cantidades representan el apoyo total anual recibido por la industria de los biocombustibles, e incluye exención de impuestos (por un valor de 5.800 millones), objetivos obligatorios de consumo (entre 318 y 736 millones para el bioetanol; entre 3.100 y 4.100 millones para el biodiesel), y la utilización de fondos públicos en I+D (52 millones).

Los resultados del estudio muestran cómo el apoyo recibido por la industria supera sobradamente la mitad de las ventas totales del sector de los biocombustibles en la UE, que en 2011 alcanzó entre 13.000 y 16.000 millones. Por otra parte, dicho apoyo también es mayor que las inversiones realizadas en instalaciones de producción de biocombustibles desde 2004 hasta la actualidad, que alcanzan aproximadamente 6.500 millones. ¨La industria exige la protección a toda costa de estas inversiones, cuando cada año están recibiendo de la sociedad europea un apoyo financiero que supera con creces el total de inversiones realizadas. Todos y todas estamos pagando para mantener esta industria, que no está aportando los beneficios económicos y ambientales que inicialmente la justificaban”, afirmó Faustine Defossez, responsable del área de Agricultura y bioenergía de EEB.

A la luz de los resultados de este estudio, Ecologistas en Acción valora de forma positiva la reciente cancelación de la exención del impuesto especial de hidrocarburos de la que gozaban los biocombustibles, así como la reducción de los objetivos de consumo para 2013 aprobada por el Gobierno español. Para Ecologistas en Acción, estas medidas reducirán la cantidad de dinero de toda la ciudadanía destinados a fomentar unos combustibles que están muy lejos de ofrecer los beneficios ambientales con los que fueron presentados. “En la misma línea, el Gobierno español debería apoyar en Bruselas el límite al 5% propuesto por la CE, así como la inclusión de factores ILUC, para que de esta forma los recursos de la ciudadanía europea se destinen al apoyo de biocombustibles que de verdad sean sostenibles”, afirmó Abel Esteban, portavoz de la organización ecologista.

Esta organización también se muestra muy preocupada con la cancelación de los criterios de sostenibilidad que deben cumplir los biocombustibles aprobada también por el Gobierno [5]. “Los criterios medioambientales obligatorios actualmente vigentes son claramente insuficientes, ya que no consideran las emisiones debidas a los ILUC Pero si encima no se cumplen, llegarán a nuestro mercado agrocombustibles procedentes de la deforestación directa de bosques primarios y otros ecosistemas muy valiosos, o con balances de carbono todavía más mediocres”, afirma Abel Esteban. “El Gobierno todavía no ha aportado explicaciones coherentes a esta medida cuando se le han solicitado, por lo que sospechamos seriamente de su legalidad”.

El mantenimiento de las políticas europeas de biocombustibles cuesta 10.000 millones cada año
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