España fomenta tecnologías contaminantes de generación eléctrica al recortar renovables
La crisis económica actual está actuando sobre todos los sectores de la economía nacional, y son muy pocos los que se libran de los recortes; la generación eléctrica es una de las múltiples actividades afectadas, provocando estos recortes una apuesta encubierta por las fuentes tradicionales, mucho más contaminantes y agresivas con el medio ambiente aunque también más baratas de explotar.
En la producción de electricidad la Ley del Sector Eléctrico discrimina entre las fuentes del Régimen Ordinario (tecnología nuclear, centrales de carbón, centrales de gas natural…) y del Régimen Especial; el Régimen Especial incluye las tecnologías de bajo impacto ambiental como las renovables (eólica, solar fotovoltaica, biomasa, minihidráulica, …), cogeneración, aprovechamiento de lodos de depuradoras o residuos sólidos urbanos y otras formas de alta intensidad energética. El Protocolo de Kioto potenció las tecnologías del Régimen Especial, ya que por cada kWh generado las emisiones son muy inferiores que usando las fuentes convencionales; no obstante estas fuentes presentan un problema en el coste de producción y es necesario apoyarlas económicamente mediante primas y garantizando su vertido a la red, independientemente del coste de generación. Las primas a la producción eléctrica son un incentivo monetario que reciben las centrales del Régimen Especial para que este tipo de tecnologías sea atractivo desde el punto de vista del inversor; el resultado de las primas ha sido en general positivo porque han conseguido rebajar los costes de escala favoreciendo el desarrollo de estas fuentes (en implantación, en investigación, en generación de empleo…) y en general que el precio de generación se rebajase mientras que los combustibles tradicionales (derivados petrolíferos o gas natural) cada vez se encarecían cada vez un poco más, acortándose sustancialmente la brecha durante los últimos años.
La política de recortes del Gobierno también ha afectado al sector. En 2012 el Ministerio de Industria ha aprobado el Real Decreto Ley 1/2012, que impide que las centrales eléctricas del Régimen Especial que entrasen en funcionamiento después de su aprobación cobrasen las primas, por lo que es muy difícil que este tipo de instalaciones sean atractivas para el inversor; como resultado de la aprobación de este Real Decreto Ley el mercado de las renovables se ha congelado desde enero de 2012, siendo muy pocas las centrales que entraron en funcionamiento por la falta de viabilidad económica. Entre todas las fuentes la más afectada ha sido la eólica porque la mayoría de las autorizaciones autonómicas más recientes datan de 2010 ó 2011 y no ha transcurrido el plazo necesario para la puesta en marcha.
Este Real Decreto Ley supone impedir de facto la puesta en marcha de nuevas centrales, aunque las puestas previamente en funcionamiento seguían funcionando… hasta la aprobación de las últimas medidas fiscales. La Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética tiene un nombre que no se corresponde a sus fines, ya que favorece especialmente a las fuentes contaminantes. Esta Ley grava con un 7% la generación eléctrica tanto en el Régimen Especial como en el Ordinario; es decir que un 7% de lo que recaude una central debe ser abonado al Estado en forma de un nuevo impuesto, independientemente de la tecnología usada. Además esta Ley modifica los Impuestos Especiales de Hidrocarburos para las empresas; es necesario pagar una tasa adicional por el consumo de gas natural para la generación eléctrica usando cualquier tecnología (grandes centrales del Régimen Ordinario, cogeneración, apoyo a instalaciones de alta intensidad energética…). La aprobación de esta Ley ha supuesto la puntilla al Régimen Especial porque todas las centrales verán aumentada su carga fiscal, recortándose la rentabilidad. Esta Ley perjudica especialmente al Régimen Especial porque las centrales mas antiguas (carbón, nucleares…) ya están amortizadas mientras que las del Régimen Especial son mucho más recientes, y están pendiente su amortización; en el mejor de los casos el periodo de retorno se alargará por encima del plazo previsto mientras que las menos viables tendrán que disminuir el régimen de funcionamiento o incluso pararlas si no son rentables.
El panorama que se le avecina al Régimen Especial es oscuro, ya que estas dos normas trata por igual a todas las tecnologías y en condiciones de igualdad la apuesta es por la que genere mejores dividendos a corto plazo, no obstante si no existe una apuesta seria por las tecnologías menos contaminantes estas no se abaratarán, manteniéndose la diferencia de precios entre ambos.
