El Gobierno evalúa suspender los alquileres y otorgar una renta mínima temporal para los más vulnerables
Todo el aparato financiero y fiscal del Estado español se vuelca ahora en la maximización de la política de ayudas públicas para blindar del umbral de la pobreza al segmento de la población que más ha sido golpeado por la crisis implícita y latente del país, que ha quedado ahora de manifiesto con la saturación presupuestaria, sanitaria y social causada por la pandemia de coronavirus.
El Gobierno busca balancear las cargas socioeconómicas al librar a los ciudadanos que menos tienen o que cuentan con menos recursos y capacidad para generar rentas del pesado compromiso de los alquileres, lo que les permitiría tener un margen de acción mucho más holgado al suprimir gastos esenciales de sus presupuestos y cubrirlos con subsidios masivos desde el Ejecutivo. Por otro lado, esos subsidios serán directos e inyectados en forma de gasto público orgánico para sustituir el tramo de la economía española que ya está prácticamente paralizado en su totalidad por la pandemia: los salarios.
Al no haber actividad económica real por la inmovilidad humana y social de la crisis, los grandes capitales están estancados en fondos de inversión, ahorros, acciones o inversiones de renta fija, pero no circulan para alimentar la estructura socioeconómica compuesta por los salarios, prestaciones, pensiones y subvenciones, lo que obliga a Madrid a reemplazar los sueldos con rentas de manutención temporal de menor magnitud.
Según reseñó este miércoles El País, desde el Ejecutivo se trabaja en dos frentes claros. Por un lado se busca articular algún tipo de mecanismo para suspender por dos meses los alquileres para aquellas personas que hayan quedado más expuestas ante el azote de la Covid-19. Esto no implica que el sector inmobiliario o arrendador se verá afectado totalmente, sino que el Gobierno podría estudiar mecanismos de financiación parcial a ese mercado fundamental para la vida urbana y social de España.
Por otro, los ministros trabajan en el diseño de una renta mínima temporal para los más vulnerables, que podría consistir en fondos provenientes de las arcas fiscales con una configuración de entre 500 y 800 euros mensuales. Ambas propuestas están en una fase preliminar y aún se están perfilando y es posible que sufran cambios respecto al plan inicial.
Fuentes del Ejecutivo explicaron al rotativo que la idea es llevar este paquete de medidas al próximo Consejo de Ministros para aprobarlas cuanto antes. Sin embargo, este es un plan que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno de coalición para generar consensos y encontrar puntos políticos comunes en el que converjan sus visiones administrativas, que son muy distantes a pesar de su afinidad ideológica.
Pero antes tienen que recibir el visto bueno de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, que quiere analizar con detalle el coste y el impacto de las medidas. El paquete de 200.000 millones de euros aprobado por el Gobierno es el fondo que financiará esas medidas, aunque no se descarta que este llegue a ser ampliado mediante créditos adicionales aprobados por el Congreso, captados por el Banco de España y canalizados desde Bruselas.
Los ministros de Unidas Podemos, sin embargo, junto a otros destacados miembros del Ejecutivo como el titular de Transportes, José Luis Ábalos, o el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, están presionando para que este paquete de medidas vea la luz cuanto antes, posiblemente en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, puesto que la insistencia de la cartera de Seguridad Social para que la economía se recupere pasa por financiar a la población y mantenerla lejos de la espiral de crisis socioeconómica que desencadenaría una recesión descontrolada de -1,8% en la economía del país. @mundiario
