El PP está tratando de privatizar los puertos españoles
Sus cambios legislativos prueban que quiere favorecer la privatización del dominio público portuario; muy al contrario de lo que están aplicando tanto los países europeos como los latinoamericanos. En la mayor parte de esos puertos, las concesiones ni son tan largas, ni tan siquiera se contemplan los puertos privados.
El descarado intento de privatizar por poco dinero un inmenso complejo de ocio con un hotel de cinco estrellas y diversas instalaciones deportivas, levantado sobre una desaparecida playa pública, en pleno centro de la ciudad de A Coruña es motivo de escándalo local pero constituye una amenaza extrapolable a otras ciudades costeras de España.
El PP trabaja desde hace tiempo en este tipo de políticas. En el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, aprobada durante el mandato de José Luis Rodriguez Zapatero y en consenso con el Parido Popular (Real Decreto Legislativo, 2/2011, de 5 de setiembre) se fijaron los plazos máximos de duración de las concesiones administrativas sobre el dominio público portuario, en 35 años.
Al ganar las elecciones el PP, es el Gobierno de Mariano Rajoy el que propone una modificación de los mencionados plazo. Asi, el Real Decreto Ley 8/214, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencias, permite la ampliación de los plazos máximos de dichas concesiones, fijándolos en 50 años.
Por si fuera poco, el Gobierno del PP introdujo una nueva modificación del régimen y de los requisitos recogidos en la regulación de las prórrogas concesionales, reconociéndose, a partir de entonces, la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria en determinados supuestos, lo cual podrá alargar más el tiempo de vida de la concesión, hasta los 75 años.
¿Es el presidente del Puerto de A Coruña, Enrique Losada, el adalid de alguna operación de este tipo?
Estas apuestas prueban la disponibilidad del PP para favorecer la privatización del dominio público portuario; muy al contrario de lo que están aplicando tanto los países europeos como los latinoamericanos. En la mayor parte de los puertos mencionados, las concesiones ni son tan largas, ni tan siquiera se contemplan los puertos privados.
De continuar esta senda, será posible que alguien pueda conseguir apropiarse de la mayor parte de la fachada marítima española bajo la excusa de solicitar una concesión portuaria y luego, si quiere, darle una ocupación sui generis. ¿Es el presidente del Puerto de A Coruña, Enrique Losada, el adalid de alguna operación de este tipo?
