Los economistas piden a Hacienda que extienda los plazos para el pago de impuestos
La economía española pasa por una fase en la que no soportaría nuevas figuras tributarias que la saturen de deuda pública, más distorsiones fiscales, más déficit y más cargas para las empresas ya afectadas por la incertidumbre previa y la actual agravada por la pandemia de coronavirus.
Y ante una recesión que se avizora como inminente, aunado a una caída brutal del empleo, el consumo y la implosión de la demanda con máxima presión sobre el sistema fiscal del Estado en solicitud de subsidios y rentas mínimas temporales, el gremio de economistas del país ha lanzado una petición de emergencia al Gobierno para que, al menos transitoriamente, la aplique como paliativo a una situación económica que podría prolongarse a medida que se acentúan los efectos y posibles secuelas de la crisis sanitaria.
Por esa razón, el Consejo General de Economistas (CGE) ha enviado este lunes una carta a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la que solicita una ampliación en el pago de impuestos a través de la publicación “casi inmediata” de una nueva norma. La misiva, firmada por el presidente del CGE, Valentín Pich, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Jesús Sanmartín, exige en concreto que "se alarguen los plazos de ingreso de las autoliquidaciones y que los contribuyentes llamados a abonar el impuesto de sociedades puedan adecuar sus pagos fraccionados".
Esta solicitud consiste en que el Ejecutivo les conceda al menos uno o dos meses más de margen a las empresas para que estas puedan expandir sus fondos de liquidez destinados al pago de impuestos y de esa forma no incurran en elevados tramos de deuda pública con el Estado.
Esta no es la primera vez que los economistas solicitan al Gobierno una medida de este tipo. Ya es la segunda oportunidad desde que empezó la crisis sanitaria, en la que el sector pide una reestructuración del cronograma del ejercicio fiscal de este año en vista de que las empresas enfrentarán duras pruebas para redinamizar sus flujos de caja una vez pase la pandemia, pues afrontan problemas de orden laboral, tributario, financiero, comercial, administrativo y logístico.
Pese a considerar positivas las decisiones del Ejecutivo de flexibilizar el aplazamiento de autoliquidaciones para pymes y trabajadores autónomos (hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres de carencia) y ampliar determinados plazos de los procedimientos tributarios, consideran que "es necesario dar un paso más". Es decir, se podría tomar la decisión de condonar ciertas deudas tributarias o hacer exenciones parciales en los impuestos especiales de las compañías más golpeadas por la crisis. @mundiario
