Podemos pide derogar la Ley de Telecomunicaciones y eliminar las expropiaciones
Podemos registró una propuesta en el Congreso que pide derogar la Ley de Telecomunicaciones y aprobar una nueva normativa que acabe con la expropiación de teleoperadoras.
Esta normativa fue aprobada en 2014 con el respaldo de PP, PSOE y CiU, por lo que ahora piden aprobar una nueva normativa "consensuada" que, entre otras cosas, acabe con la posibilidad de que las teleoperadoras expropien azoteas para poder instalar antenas de telefonía. El texto defiende que la necesidad de potenciar un sector tan importante como el tecnológico "no se puede priorizar por encima de la protección de la salud ni de los derechos de la ciudadanía". Algo que, a juicio de la formación morada, sucede con la actual normativa, que "ignora" las directrices europeas, no garantiza los objetivos de la Agenda Digital, "desregula lo público en beneficio de las grandes operadoras" e invade competencias municipales y autonómicas.
"No sólo se quita a los ayuntamientos de en medio, sino que también se limita cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de una antena", argumenta Podemos, recordando que la instalación de antenas se puede hacer con una simple autorización del Ministerio. Además, la iniciativa critica que la ley "renuncia a adoptar los más elementales principios de precaución" al no incluir medidas de protección frente a posibles impactos de las ondas electromagnéticas frente a la salud.
"Es necesario que, en el marco de discusión de una nueva Ley de Telecomunicaciones, se lleve a cabo un debate que ayude a determinar el justo equilibrio entre desarrollo tecnológico y protección de los derechos fundamentales a la salud y del medio ambiente", pide Podemos. Por ello, propone presentar un nuevo proyecto de ley del que puedan participar todas las administraciones y la sociedad civil, y que, en todo caso, "elimine la capacidad de expropiar determinadas propiedades privadas por parte de la Administración General del Estado en beneficio de las operadoras sin el acuerdo con los ayuntamientos y los propietarios implicados".
Además, las competencias de planificación y autorización de este tipo de dispositivos debe volver a los municipios, se debe crear un Observatorio Permanente sobre la incidencia de las ondas electromagnéticas sobre la salud de las personas, y se tienen que utilizar las innovaciones tecnológicas para medir y publicar información a este respecto.
