Difícil camino para la armonización fiscal
La polémica sobre la situación fiscal en la Comunidad de Madrid podría inspirar el planteamiento de una singular versión del “principio de Arquímedes”: todo problema sumergido en la confrontación política convencional experimenta una pulsión simplificadora y demagógica proporcional al volumen de complejidad analítica que posee.
Convendría partir de algunas realidades poco discutibles:
1) El actual sistema de financiación autonómica vigente en el Estado español establece un determinado nivel de corresponsabilidad fiscal entre la Administración central y las instituciones representativas de las CC. AA. Algunas figuras tributarias (IRPF, IVA, Impuesto sobre el patrimonio, Impuesto de sucesiones y donaciones...) están transferidas total o parcialmente a las Comunidades con un determinado nivel de capacidad normativa. Esto significa que los Parlamentos o Asambleas legislativas correspondientes pueden decidir, entre otras cosas y de manera significativa, sobre las tarifas impositivas que se aplican a quienes perciben rentas o tienen determinados niveles de riqueza patrimonial.
2) La constatable desigualdad que se registra en la distribución de los recursos disponibles entre las personas y los territorios condicionan los efectos de las medidas tributarias adoptadas por los responsables de las distintas administraciones. Las autoridades de una determinada Comunidad pueden obtener un volumen semejante de ingresos fiscales aplicando una presión más “blanda” que la que rige en otras, debido de que actúan sobre un universo de contribuyentes que poseen una mayor capacidad económica.
3) Estudios recientes en el ámbito académico han confirmado la vigencia de un importante “efecto sede” en la Comunidad de Madrid. La condición de la capitalidad administrativa del Estado español ha actuado como relevante factor de centralización y acumulación de riqueza (personal cualificado vinculado a las grandes empresas residenciadas en ese territorio; funcionariado asociado a los distintos organismos públicos presentes en esa Comunidad; efectos derivados de la estructura radial de las infraestructuras de comunicación...). Esta singularidad tiene consecuencias obvias en la aplicación de las políticas fiscales, permitiendo un margen de maniobra notable a las autoridades gobernantes en ese ámbito territorial.
4) El volumen de los ingresos alcanzados con los distintos impuestos determina las posibilidades de gasto de una determinada Administración pública. El alcance y la calidad de las prestaciones de un sistema de bienestar (sanidad, enseñanza, atención a la dependencia, servicios a las personas mayores...) depende de las opciones que se tomen en el campo fiscal: nivel de exigencia a los contribuyentes con mayor renta y riqueza; capacidad del aparato administrativo para reducir o eliminar las bolsas de fraude potencial o real existentes...
En el actual Estado de las Autonomías es compatible el mantenimiento -o incluso la ampliación- del poder fiscal propio de las CC. AA. con un acuerdo armonizador que minimice las distorsiones derivadas del ejercicio de semejante poder. Si existe una voluntad cooperativa es posible evitar que las estructuras tarifarias del Impuesto de Patrimonio o del Impuesto de Sucesiones y Donaciones establezcan una práctica eliminación de los mismos en algunos territorios mientras siguen actuando en otros. La solución no debería consistir en la eliminación de la capacidad normativa porque, en tal caso, asistiríamos al cumplimiento de la vieja metáfora (“arrojar al niño con el agua sucia”). Se trataría de encontrar fórmulas que, siendo respetuosas con la autonomía fiscal, sean capaces de encontrar puntos intermedios satisfactorios para todas las partes.
La declaración formal de los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC en el Congreso en favor de un futuro acuerdo de armonización fiscal constituye el comienzo de un camino que será largo y complicado. El sistema de financiación autonómica está pendiente desde hace años (el PP con la mayoría absoluta de Rajoy no fue capaz de abordar su renovación) y requiere, sin duda, la participación activa del gobierno de la Generalitat que salga de las próximas elecciones de 14 de febrero. @mundiario
