Días cruciales para la Argentina y su estabilidad económica y financiera

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Es evidente que razones elementales de seguridad jurídica conllevan la necesidad de aceptar las decisiones de la justicia, advierte este experto en un nuevo artículo.

Días cruciales para la Argentina y su estabilidad económica y financiera

Es evidente que razones elementales de seguridad jurídica conllevan la necesidad de aceptar las decisiones de la justicia, advierte este experto en un nuevo artículo.

El gobierno argentino tiene previsto convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA (regulada por el artículo 61 y siguientes de la Carta de Organización de la Organización de Estados Americanos, OEA), para tratar la difícil cuestión planteada con el cumplimiento del fallo del juez Thomas Griesa sobre los “holdouts” que ha quedado firme. 

Dice el mencionado artículo 61 que “La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de Organo de Consulta”.

La última vez que una reunión así tuvo lugar fue en agosto de 2012 para tratar el asunto generado por el asilo político que Ecuador le concedió a Julian Assange y que pudo resultar afectado por una acción que, se temía, podía acometer el gobierno británico (el ingreso en la Embajada de Ecuador en Londres que finalmente no tuvo lugar).

Siguiendo con una acción política de búsqueda de apoyos internacionales que considero acertada por lo grave de la situación, el gobierno argentino persigue que ese órgano apruebe una declaración de apoyo a su postura enderezada a encontrar una solución que no comprometa el proceso de renegociación de la deuda externa del país.

El problema que trae aparejado el fallo del juez Griesa está dado por las consecuencias desastrosas que traería respecto de los títulos reestructurados con la cláusula R.U.F.O. (Rights Upon Future Offers), en virtud de la cual otros acreedores reclamarán el mejor tratamiento dado a los "holdouts".

En este sentido, el gobierno argentino ha expresado en la solicitada que publicó en numerosos diarios del mundo: 

"Para peor, por las leyes de Argentina y las cláusulas de los títulos reestructurados (RUFO), si se le pagara a los buitres, todos los demás bonistas reclamarían el mismo tratamiento, con un costo estimado en más de 120.000 millones de dólares. Si, en cambio, no paga a los fondos buitres, la sentencia de Griesa le prohíbe a Argentina pagar al 92,4% de los bonistas que aceptaron la reestructuración, ya que el juez libró órdenes al Banco de Nueva York y a las agencias de compensación para que no paguen. En síntesis: pagarle a los buitres empuja al default, y si no se les paga, la orden de Griesa implica poner en riesgo el derecho de los bonistas a cobrar su deuda reestructurada en el 2005 y el 2010".

Mientras estas acciones políticas tienen lugar, el juez Griesa ha designado como mediador a un abogado experto en asuntos financieros: Daniel Pollack. Las reuniones empiezan ya y serán con funcionarios de altísimo nivel. Para su defensa jurídica, la República Argentina tiene contratados, desde hace muchos años, a los abogados del estudio Cleary Gottlieb que trabajan en conjunto con los abogados del Estado y de la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo que al que me honró pertenecer.

Se vienen, pues, días cruciales para la Argentina y su estabilidad económica y financiera. Es evidente que razones elementales de seguridad jurídica conllevan la necesidad de aceptar las decisiones de la justicia. Pero no es menos cierto que la ejecución de una sentencia no puede poner en riesgo la economía de un país que viene demostrando -y esto no lo han de dudar incluso los opositores al gobierno argentino- una vocación de cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Mi experiencia en la práctica profesional en Derecho Administrativo me ha permitido observar cómo no siempre las decisiones judiciales, pese a ser claras y concretas, resultan fácilmente ejecutables. Ordenamientos jurídicos como el español contemplan la situación en la que puedan concurrir "causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia" (artículo 105 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). En este sentido, también cabe tener presente que en materia de medidas cautelares, pese a que el juez puede tener la absoluta convicción de que se presentan la "verosimilitud del derecho" y el "peligro en la demora" para suspender un acto administrativo, pueden haber razones de interés público que obstan al dictado de la tutela cautelar. En otros términos, puede presentarse con absoluta claridad la necesidad de suspender un acto administrativo por razones de ilegalidad, pero no disponerse la misma por razones de interés público. Conceptos todos estos que, extrapolados al caso argentino del que venimos hablando, habrán de requerir, en este momento crucial, la necesaria opinión de los juristas de derecho público.

Por algo aprendimos de los romanos, y lo repetimos hasta el cansancio, que fiscus semper solvens.

Días cruciales para la Argentina y su estabilidad económica y financiera
Comentarios