Con una deuda del 90%, ¿se deben bajar los impuestos, como promete Rajoy?

Tradicionalmente se ha considerado el 90% de deuda sobre el PIB como una señal de alerta respecto a la salud de las cuentas públicas. Y España acaba de traspasar ese umbral. Lo hace, además, superando la media de la variable a nivel de la Unión Europea.

Cierto que existen países (además de Grecia y Portugal) con volúmenes superiores: Italia 130%, Irlanda 125%, Bélgica 104 o incluso Francia 92%, lo cual no debería servir de consuelo en absoluto, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de las finanzas públicas españolas. 

Evolución de la deuda pública

En efecto, incluso más grave que el valor alcanzado por la deuda, resulta su evolución. Recordemos aquel modélico 36,3% del año 2007. En apenas un lustro, España pasó de ser uno de los países desarrollados con una menor deuda pública a integrar el pelotón de los torpes, esto es, el grupo de especial preocupación. No se debe alegar la reducción de la prima de riesgo para negar la mayor: el coste de la deuda ha menguado por la acción de los bancos centrales, poco han influido las políticas del gobierno español. El resto de países afectados también han observado la disminución de sus primas de riesgo. 

Desde la llegada del Partido Popular al gobierno, la deuda pública sobre el PIB se ha incrementado en 20 puntos. Durante el último ejercicio, España ha sido el tercer país de la Unión donde más ha crecido esta variable, tan solo por detrás de Grecia e Irlanda. De hecho, el año 2012 ha observado el mayor aumento de deuda del milenio en España. Las causas han estado en el deterioro del déficit público (las prestaciones por desempleo como primer factor) y en el rescate a la banca. 

Sorpresas en la descomposición del déficit 

Considerando el rescate a la banca como un elemento extraordinario, centraremos el análisis en el déficit público. Así vemos que el capítulo de gasto en España supone el 47% del PIB, inferior a la media de la UE, que es del 50% y muy próximo a la cifra alemana: el 45%. Así pues, un país en donde el desempleo triplica la media europea y que soporta unos gastos financieros superiores a los de sus socios comunitarios, resulta que su nivel de gasto público se mantiene en niveles equivalentes. La conclusión es inmediata: las partidas de educación, sanidad, administración, etc. se sitúan en valores considerablemente menores. Por mucho que nos hayan intentado convencer, el problema de la economía española no es su gasto desmedido, ¡nunca lo ha sido! 

¿Dónde radica pues el problema fiscal de España? Volvamos la mirada ahora a los ingresos públicos para comprobar que, entre los 28 países que forman la Unión Europea, España ocupa el 8º puesto como estado con menor capacidad recaudatoria respecto al PIB. De hecho, mientras que la UE presenta un 46% de ingresos públicos sobre el PIB y Alemania el 45%, España se conforma con un exiguo 36,4%. Ahí tienen Vds. la principal diferencia, y también la descomposición del abultado déficit español: 47% de gasto frente al 36,4% de ingreso. Resultado: déficit del 10,6%. 

¿Por qué España ingresa menos? 

Habiendo localizado el problema en la falta de capacidad para generar ingresos, una política económica eficaz se debería dirigir a la resolución de tan grave deficiencia. De nuevo tenemos que precisar: ¿en qué segmento de contribuyente se produce una mayor diferencia? Un dato resulta sumamente revelador: los grandes grupos empresariales tributaron en 2011 a una tasa media del 3,5% sobre beneficios. Este valor se elevó al 12,5% en 2012, muy lejos del 30% que indica el tipo teórico de gravamen. ¿Cómo es esto posible? Recordemos que en 2007, el gobierno socialista redujo 5 puntos el tipo del impuesto de sociedades (lo situó en el 25% para las PYMES y en el 30% para la gran empresa). A partir de ahí, fue aprobando una serie de deducciones por diversos motivos que potenciaron el arsenal de ingeniería fiscal disponible para las empresas. En 2012, el gobierno popular modificó algunos de esos beneficios tributarios pero aún queda mucho por hacer. 

España ingresa menos, como es sabido, también por su elevado índice de economía sumergida que provoca unos volúmenes de fraude muy por encima de lo habitual en los países desarrollados de la Unión. Poner coto a estas prácticas es una obligación de este gobierno, como lo fue de los anteriores, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas realmente comprometidas para solventar esta inextricable irregularidad secular. 

Ante un panorama como el expuesto, la economía española precisa una nueva política fiscal, sí, pero en la dirección contraria a la que señala Rajoy. Una nueva política que garantice un flujo de ingresos similar al de nuestros socios europeos manteniendo vigente los principios de progresividad y redistribución de rentas. En paralelo a una nueva política presupuestaria que incentive la inversión tanto pública como privada de manera que se aborde sin más demora la reducción del índice de desempleo, principal factor de gasto.