O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia
En la transición, el vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, pronunció esta misma frase del título –“O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia”– para llamar la atención sobre la necesidad de fijar y pactar las prioridades del país. En un ambiente tenso y hostil consiguió sacar adelante los Pactos de la Moncloa, cuando la inflación estaba desbocada y el desempleo era el gran problema social, junto con la pobreza de los mayores, en un contexto de grave crisis del petróleo. Pero lo consiguió. El acuerdo entre los grandes partidos políticos y la altura de miras de sus representantes transformaron a España en un país moderno, cuyo sistema fiscal –obsoleto y arcaico– se puso al nivel de la mayor parte de los países europeos.
España se enfrenta ahora a otra situación grave, no merece la pena comparar si más o menos compleja que aquélla, pero con retos no menos importantes. La Autoridad Fiscal de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha hecho público un informe en el que critica el “desapego con la realidad” del Programa de Estabilidad 2021-2024 que acaba de presentar el gobierno, además de achacarle una “carencia de estrategia fiscal” que “no cumple con los requisitos normativos que se exigen a la planificación fiscal a medio plazo”. O, lo que es lo mismo, le pide al Gobierno que explicite las reformas previstas en el plan de recuperación para reconducir el déficit y la deuda hacia sendas sostenibles, pues la excepcionalidad del momento se acaba y hay que encarar la consolidación fiscal. La crisis está dejando un gran agujero en las cuentas públicas en forma de un déficit del 11% del PIB, no solo coyuntural sino también estructural, y una deuda superior al 120% PIB, lo que significan factores de vulnerabilidad importantes para la economía española, a los que hay que sumar la elevada tasa de paro y la desigualdad que queda tras la crisis.
Inflexión política, económica y social
La falta de concreción de la que se acusa al Gobierno viene acompañada por el enorme ruido político que no permite formular y, mucho menos, dar respuesta a las tres cuestiones básicas que debieran plantearse en este momento de inflexión política, económica y social, a saber:
1. ¿Cuál es el nivel de gasto público al que aspira España?, ¿debe mantener el Estado del Bienestar, ampliarlo o reducirlo?, y ¿qué hay de los otros gastos?
2. Una vez fijado el gasto al que se aspira, ¿cómo va a financiarse?, ¿con qué impuestos?, ¿hay que seguir parcheando un sistema tributario en disconformidad con sus defectos o convine un replanteamiento conjunto?
3. Contestadas las anteriores preguntas, ¿cuáles son los principios que deben regir y primar en el sistema tributario?
La suficiencia no se discute, es necesaria una financiación capaz de hacer frente a los gastos, a través de un sistema fiscal que sea más simple, más transparente y, sobre todo, más justo que el vigente. Porque esto no va de posicionarse en uno lado u otro del planteamiento dicotómico que monopoliza los falsos debates sobre si la presión fiscal es baja y por eso hay que subir los impuestos o sobre si el esfuerzo fiscal es elevado y por eso hay que bajarlos, porque es un debate falso y falaz.
Pescando crisis. / Félix Ronda
El defectuoso reparto que existe actualmente es la fuente de grandes desequilibrios
No parece sencillo repetir la revolución fiscal que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, que permitió avanzar en el Estado de Bienestar, pero algo hay que hacer. Esto requiere no solo de grandes acuerdos entre políticos sino también, y sobre todo, entre los actores económicos y sociales, conscientes de que el avance no será posible sin una correcta redistribución de la renta y la riqueza. El defectuoso reparto que existe actualmente es la fuente de grandes desequilibrios sociales y el aumento de las desigualdades en una triple dirección: territorial, generacional y de género, que deben corregirse. Es preciso un nuevo contrato social, como le gusta decir a mi colega Antón Costas, donde se definan las reglas del juego y el modo en el que han de repartirse las cargas entre todos los agentes: productores, trabajadores, consumidores, ahorradores, etcétera.
La nueva corriente impositiva global, encabezada por el Plan Biden, quiere establecer un impuesto mínimo global único para las empresas, que limite la competencia fiscal internacional y elimine las ventajas de las multinacionales que pagan sus impuestos en territorios de baja tributación, un objetivo de armonización que intenta la Unión Europea desde hace una década a través de la Base Imponible Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades (Biccis), reforzado por la necesidad de establecer un impuesto digital global y la afrontar la transición hacia una imposición verde.
Éstos son los pilares para construir el nuevo edificio tributario, ahora hay que dejar trabajar a los expertos y después que sean los políticos los que decidan los cambios a introducir. Mientras tanto, menos ruido y más nueces. @mundiario
