El gasto político y los intereses de la deuda afean las cuentas de España

Euros.
La crisis del euro, una amenaza añadida para los españoles.

En el ejercicio de 2012 el Estado realizó un gasto total de 493.660 millones, 13.000 millones más que en  2011 y 80.441 millones de euros más que en 2007.

El gasto político y los intereses de la deuda afean las cuentas de España

Este pasado martes se hacía pública la cifra de déficit de la Administración central correspondiente al primer semestre del año, situándose en el 3,81%, superando así el límite máximo establecido para esta administración para el conjunto del año 2013. A falta de conocer cuál es el déficit tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos para el mismo periodo, se puede intuir claramente que, de seguir por este camino, el nuevo objetivo de déficit establecido por Bruselas en el 6,5% para el conjunto de la administración del Estado en el 2013 está  lejos de ser cumplido. 

Esta no es más que la enésima constatación del fracaso estrepitoso que supone la política fiscal que está aplicando el Partido Popular, basando su “lucha” contra el déficit en un incremento de los impuestos y en una contención (que no reducción) de los gastos. El problema del déficit español no es un problema de falta de ingresos, sino  un problema de exceso de gasto, como lo son siempre todos los casos de abultado déficit. En el pasado ejercicio económico (2012) el Estado realizó un gasto total de 493.660 millones de euros, 13.000 millones más que en el año 2011 y 80.441 millones de euros más que en el año 2007, último año de vacas gordas. Y, por favor, que no les engañe el Gobierno con la excusa de que el gasto se incrementa por el coste que suponen las prestaciones por desempleo (como si esto pudiese pasar como excusa), éstas supusieron en el año 2012 un total de 31.678 millones de euros, lo que representó tan solo un 6,5% del gasto total. El grueso del gasto se encuentra en unos intereses de deuda que crecen a un ritmo alarmante (33,8% de incremento de los intereses del Gobierno central tan solo en 2013, sin contabilizar los intereses de deuda autonómica) y un gasto político que muchos analistas cuantifican en una cifra que gira en torno a los 90.000 millones de euros.

Cuadratura del círculo

Los políticos buscan alcanzar la cuadratura del círculo, buscan mantener unos gastos de burbuja con unos ingresos de recesión, y esto nos ha llevado a que el año 2012 sea el cuarto año consecutivo en el que nuestras cuentas públicas cierran el ejercicio económico con un déficit superior a los cien mil millones de euros, después de haber gastado 493.660 millones y haber ingresado 382.044. Esto es, a todas luces, insostenible. La búsqueda de esa cuadratura del círculo (que no es exclusiva de la clase política española, todo hay que decirlo) lleva a éstos a proponer supuestas soluciones mágicas que los números no sostienen, teniendo todas una única finalidad: incrementar la carga fiscal de los ciudadanos. La justificación a la que más se recurre para implementarlas es que son las rentas altas las que deben aportar más en épocas de crisis, proponiéndose medidas tales como incrementar la tributación del IRPF al 75% para los tramos más altos de renta, incrementar la fiscalidad a las SICAV, o elevar el tipo impositivo del impuesto de sociedades en cinco puntos, hasta el 35%. Veamos qué efectos tendrían estas medidas sobe la recaudación total, suponiendo que estos aumentos fiscales no provocasen salida de capitales y personas (que ya es bastante suponer) como está ocurriendo en Francia.

Basándonos en la última recaudación cerrada, año 2011 (declaración de renta que se hace en el 2012), las rentas superiores a 100 mil € sólo suponen el 15% de la recaudación total, así que aplicándoles una tipo impositivo del 75% (lo que supone un incremento del 50% en la tributación de ese tramo) la recaudación total del IRPF sólo se vería incrementada en 5.000 millones de euros. Por lo que se refiere al aumento de la fiscalidad de las empresas, el incremento en cinco puntos de su tipo impositivo sólo provocaría un incremento de la recaudación total de dicho impuesto en 3.000 millones de €. Por último el aumento de la tributación de los beneficios (la disposición de esos beneficios generados tributan por IRPF en la base del ahorro, pues son ganancias patrimoniales) de las SICAV al 30%, cómo cualquier otra sociedad (aunque sólo es aplicable a las SICAV con más de cien socios, pues las que tienen menos ya tributan al tipo normal de impuesto de sociedades), sólo aumentaría la recaudación del impuesto de sociedades en 1.000 millones de euros. En definitiva “que paguen los ricos” sólo haría incrementar la recaudación en unos 9 mil millones, muy lejos de los 111.616 millones que padecimos de déficit en 2012. 

Para poder incrementar los recursos de los que pueda disponer el Estado también sería deseable luchas contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Como su propio nombre sugiere, la economía sumergida es una actividad económica que escapa a la contabilidad oficial, por lo que las cifras que la contabilizan no son cifras exactas sino que son meras estimaciones. Los estudios más serios y tenidos en consideración por los organismos internacionales cifran la economía sumergida en España en el 20% de PIB, con lo que si fuésemos capaces de bajarla a los niveles de economía sumergida que tienen, por ejemplo, los países nórdicos ( 15%), el Estado recaudaría unos 25.000 millones ( pensar en reducirla a cero es una entelequia). Cabe señalar que existe otro tipo de estudios, con menor base estadística, que determinan la cifra de potencial recaudación en 100.000 millones de euros. Se hace difícil el poder pensar que se puede llegar a recaudar tal cantidad pero dándola por posible, cabe señalar que  aún así no se cubriría el déficit del año 2012 cifrado, como ya dijimos, en 111.616 millones de €. Además, esos 100 mil millones sólo se recaudarían una vez, con lo que con el actual nivel de gasto volveríamos a tener un serio problema de déficit en 2013.

La reducción del gasto, clave

  Vemos pues que la corrección del déficit español pasa inexcusablemente por la reducción de gasto, tal y como no está haciendo el gobierno actual. No es la Comisión Europea la que nos dice cómo debemos hacer el ajuste tal y como dicen una y otra vez nuestros ministros. La Comisión nos determina el nivel de déficit que debemos corregir cada año, pero la decisión de cómo se lleva a cabo el ajuste es una decisión soberna del gobierno español. Es una decisión política incrementar los impuestos estrangulando al sector privado y es una decisión política realizar una asignación de ajuste que no toca el gasto político.

Urge eliminar la mayor parte de ese gasto político representado por asesores, diputaciones, cabildos, personal administrativo, exceso de ayuntamientos, empresas públicas, subvenciones improductivas, participaciones en empresas cotizadas… y urge que ese gasto sirva como colchón para una muy necesaria  bajada de impuestos que reactive la demanda interna. Tomemos como ejemplo a Reino Unido, país con un volumen de Pymes  muy similar al de España en su tejido empresarial, que ha bajado el  impuesto de sociedades, el IRPF en todos sus tramos y ha aumentado el mínimo exento de su renta; Todo ello ha hecho que el 33% de las Pymes haya aumentado su actividad y el 22% de ellas hayan contratado a más de un empleado. @PabloS_F

 

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