El debate sobre la vuelta de Alcoa al sector público se abre en vísperas electorales

Unos lo llaman nacionalización, así, sin anestesia, y otros intervención pública. Parece que la única solución para salvar el complejo de alúmina y aluminio de A Mariña es que el Gobierno y/o la Xunta se hagan con el control de la empresa, movilizando los recursos necesarios para garantizar que se mantenga la actividad y el empleo de una industria que de forma directa o inducida aporta alrededor de un 30 % del PIB de la provincia de Lugo. En Moncloa no acaban de verlo, al menos en el lado socialista. La ministra de Industria dice que están dispuestos a acompañar a la iniciativa privada, pero no a sustituirla. Tal vez confíen en que aparezca un inversor, como sucedió en otros casos, aunque sea in extremis. Y en la Xunta tiran balones fuera. Feijóo, sin ser un liberal puro, prefiere no entrar por ahora en ese incómodo debate, que sin embargo difícilmente va a poder eludir una vez planteado por nacionalistas y rupturistas a mes y medio vista de las elecciones autonómicas.

Todos saben que esta vez Alcoa no va de farol. No estamos ante un nuevo órdago como los que lanzó reiteradamente durante muchos años, a la manera de un jugador ventajista, para conseguir un trato favorable de las administraciones en forma de generosas subvenciones y planes de apoyo sin que sirviese para garantizar siquiera a medio plazo la viabilidad de "la fábrica". He aquí otra demostración práctica de que las ayudas públicas, por bienintencionadas y generosas que sean, solo suelen servir para prolongar la agonía o mantener artificialmente con vida durante algún tiempo proyectos empresariales en los que sus propietarios, por lo que fuere, han perdido interés. Claro que no es fácil sustraerse al chantaje que comporta la posibilidad de que se destruyan cientos o miles de puestos de trabajo en una zona excesivamente dependiente de un cuasi monocultivo industrial.

Un destacado dirigente de CC OO lo ha dejado claro. No nos llamemos a engaño. A estas alturas a Alcoa ya no le sirve una tarifa eléctrica reducida, la que tantas veces reclamó a los gobiernos de turno. Ese ya no es el problema. Cerraría la planta de San Cibrao aunque le regalaran la electricidad, porque tiene tomada hace tiempo la decisión de desinvertir en España y no hay vuelta atrás. La venta de las factorías de Avilés y A Coruña se inscribía en un plan de repliegue del grupo aluminero ante una coyuntura muy desfavorable, en la que ha sido clave la imparable competencia de China. No es que no les interese el mercado español. Pero creen que podrán atacarlo desde fuera, sin necesidad mantener aquí una producción que genera crecientes pérdidas.

Si al final el complejo de San Cibrao es rescatado por el Estado en sentido amplio, vendría a ser como una renacionalización. Alúmina-Aluminio nació y creció como una empresa mayoritariamente pública. Lo fue hasta 1998. Es entonces cuando el gobierno de Aznar, en plena era de las privatizaciones, decide vender el grupo Inespal al "holding" estadounidense Alcoa, que lo adquirió en condiciones muy ventajosas y obtuvo gracias a esa operación beneficios millonarios. La factoría mariñana llegó a ser considerada la joya de la corona de la multinacional en Europa. A día de hoy es la única de España que produce aluminio primario. Si esa producción se considera estratégica para los intereses nacionales, dejando los remilgos ideológicos aparte, no cabría descartar su "intervención" hasta conseguir que vuelva total o parcialmente al sector privado. A Mariña se salvaría del desastre. Y Alcoa tampoco tendría que salir perdiendo. @mundiario