Las cuentas públicas de España se ponen en rojo con un déficit disparado al 4,2% por la Covid-19
La tradición económica de la disciplina fiscal europea y, específicamente, española, ha sido resquebrajada por el shock social, laboral, empresarial, comercial y sanitario de la peor crisis que ha retrotraído a España a una fase de involución que no se veía desde la época del franquismo y de la Segunda Guerra Mundial. Hay demasiados gastos, pocos ingresos, una demanda a punto de colapsar y poca base fiscal para cubrir las exigencias de la población civil.
Y es que el déficit público nacional acumulado hasta mayo -sin corporaciones locales- se disparó al 4,20 % del PIB (46.954 millones de euros), casi el triple que un año antes y casi el doble que un mes antes, en un contexto en el que la pandemia de Covid-19 ha provocado un notable aumento del gasto y una pérdida de ingresos. Las demandas sociales se abultan en una espiral de tensión socioeconómica que fuerza al Gobierno a acelerar la maquinaria de los subsidios sin tener una base fiscal sólida que le permita ahorrar liquidez para los tiempos más duros de la recesión, que aún no han llegado y podrían ocurrir en la era post-pandemia.
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Esto implica que la brecha entre lo que el Estado y el Gobierno español gastan y perciben por concepto de las exportaciones agropecuarias e industriales del país, se encuentra en un balance negativo con un mayor porcentaje de egresos que de ingresos. La diferencia entre lo que la Administración de Pedro Sánchez logra acumular en el fondo financiero nacional proveniente de la recaudación de impuestos, los dividendos por exportaciones y los flujos de rentas que generan las empresas donde el Estado posee acciones, y sus financiamientos a los sectores de la economía, es abismal.
De acuerdo con los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, “la evolución de los cinco primeros meses del año es consecuencia de una reducción de los ingresos de 9.295 millones de euros y de un aumento del gasto en 21.365 millones, de los que en torno a 15.500 millones de euros corresponderían al gasto consolidado derivado de la crisis de la COVID-19”.
Por lo tanto, con un producto interno bruto (PIB) estimado en 1,1 billones de euros, España se ha visto obligada a gastar el 2% de ese total para inyectar liquidez en forma de créditos al sector bancario y empresarial, así como los tramos de capital que tuvo que apalancar para construir el ambicioso paquete de rescate por 200.000 millones de euros que Pedro Sánchez aprobó en marzo cuando la crisis del coronavirus se encontraban en su fase más aguda de desempleo, colapso sanitario, ritmo de contagios e incertidumbre social hasta el punto de posicionar a España en ese momento como la segunda nación con más casos de coronavirus a nivel mundial.
Además, la política del ingreso mínimo vital (500 euros en promedio por persona desempleada), representan un cuantioso gasto público de aproximadamente 250 millones de euros, pues al menos 500.000 españoles recibirán esa subvención con la cual podrán aliviar temporalmente sus presupuestos familiares y reinsertarse progresivamente en la dinámica del consumo, que ha sido lastrado en un 30% por la crisis del coronavirus desde el inicio del estado de alarma el 26 de marzo.
Sin duda, España enfrenta la crisis económica y social en la que más ha tenido que gastar en la población civil para evitar un colapso del tejido socioeconómico y, al mismo tiempo, impedir que la crisis humanitaria desencadenada por el shock sanitario entre en una fase de emergencia humanitaria compleja por la implosión del desempleo, la pobreza de ingresos, el hambre y la merma del consumo básico esencial. @mundiario
