Cuatro años después: la Seguridad Social empieza a indemnizar a las víctimas del amianto
A. G. G. murió el pasado 14 de diciembre en Legazpi, a los 72 años, víctima de un mesotelioma pleural provocado por décadas de exposición al amianto. En su esquela, bajo el nombre, una frase poco habitual y profundamente política: “víctima del amianto”. Ese recordatorio resume una tragedia colectiva que España ha gestionado con retraso, burocracia y silencios. Apenas unos días después de su fallecimiento, la Seguridad Social comenzó a notificar las primeras indemnizaciones del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Un fondo que debía haber estado operativo hace cuatro años.
La escena resulta casi obscena: según señala EL PAÍS, el Estado empieza a pagar cuando la mayoría de las víctimas ya no están. Lo hace, además, de forma tímida, limitada y tras una sucesión de retrasos administrativos que han vaciado de contenido una ley que nació con vocación reparadora. Mientras tanto, miles de familias que perdieron a padres, maridos o abuelos por enfermedades vinculadas al asbesto quedarán definitivamente excluidas de cualquier compensación.
La activación efectiva del fondo, creado en 2022, no se ha producido hasta diciembre de 2025. Y no porque faltara respaldo legal o presupuesto, sino por una cadena de dilaciones: primero, la tardanza de casi tres años en aprobar el reglamento; después, la imposición de nuevos requisitos burocráticos que volvieron a frenar los pagos. El resultado es demoledor: durante tres ejercicios completos, el fondo existió solo sobre el papel.
Un fondo que llega tarde y mal
El reglamento que desarrolla el fondo entró en vigor el pasado 18 de septiembre, casi tres años después de lo que preveía la ley. En teoría, desde ese momento las indemnizaciones podían haber comenzado a abonarse. En la práctica, no ocurrió. El texto exigía a los potenciales beneficiarios un certificado específico de patología causada por amianto, emitido por unidades administrativas que las comunidades autónomas aún no tenían creadas.
Solo tras la aprobación, en noviembre, del procedimiento por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, algunas comunidades comenzaron a tramitar estos certificados. Otras siguen en ello. Esa descoordinación territorial ha añadido una nueva capa de desigualdad a un problema ya marcado por la injusticia histórica.
Menos de una decena de pagos y millones perdidos
Según fuentes de la Seguridad Social, antes de que acabe el año apenas se habrán notificado unas cinco indemnizaciones. El coste estimado ronda los 300.000 euros. Una cifra casi simbólica frente a los 25 millones presupuestados anualmente para el fondo. Cantidades que no se acumulan y que, por tanto, se han perdido. En total, cerca de 100 millones de euros que nunca llegaron a quienes enfermaban mientras trabajaban.
Las cifras oficiales son claras: cada año mueren en España más de 4.500 personas por enfermedades atribuibles al amianto, en su mayoría hombres. Sin embargo, el colectivo que puede acceder a estas indemnizaciones se reduce a menos de 700 personas: trabajadores vivos con una incapacidad permanente reconocida por contingencia profesional. El contraste entre el daño causado y la respuesta del sistema es abrumador.
Indemnizaciones insuficientes y con recorte fiscal
Las asociaciones de víctimas denuncian que el reglamento ha desnaturalizado el espíritu de la ley. Las cuantías fijadas —96.626 euros para el mesotelioma o 64.414 para el cáncer de pulmón— son, en muchos casos, muy inferiores a las que conceden los tribunales. Lejos de disuadir la vía judicial, el fondo la hace aún más razonable.
A ello se suma un elemento especialmente sangrante: estas indemnizaciones tributan en el IRPF. En la práctica, Hacienda puede quedarse con hasta la mitad del importe. Una circunstancia que no se da en otros supuestos de reparación del daño, como las víctimas del terrorismo o de la talidomida. De nuevo, las víctimas del amianto quedan en un escalón inferior.
La Seguridad Social defiende que está actuando de forma proactiva, localizando posibles beneficiarios. Pero evita comprometerse a ampliar el colectivo o revisar la fiscalidad. La sensación que queda es amarga: el Estado reconoce el daño, pero lo hace tarde, a pocos y con letra pequeña. @mundiario