Cualquier reforma tributaria exige denunciar y combatir primero la explotación fiscal

Oficinas de Hacienda. / RR SS
Oficinas de Hacienda. / RR SS

La economía sumergida (25% del PIB), los paraísos fiscales, el fraude tributario (80.000 millones) y los silencios gubernamentales son cada vez más conocidos y más insoportables.

Cualquier reforma tributaria exige denunciar y combatir primero la explotación fiscal

Anunciamos que todos debemos estar atentos cuando se expliquen y ejecuten las reformas en la financiación autonómica y local. La primera afecta a servicios sociales básicos (sanidad, educación, dependencia) y al crecimiento económico de la comunidad. La segunda puede dañar los servicios públicos ligados a la vivienda, a la cultura y el deporte, ignorar el urbanismo, la protección ambiental y la educación democrática o no incentivar la economía municipal.

Y esto sucede porque las reformas de la financiación autonómica en nuestro país se realizan a partir del statu quo. O sea, mantener lo que ya existe y ampliar o corregir lo que te dejen, ignorando causas y aumentando ingresos (tributos cedidos, con o sin capacidad normativa, transferencias y subvenciones), para atender el crecimiento del gasto. Por ejemplo, el envejecimiento de la población provoca aumentos en el coste sanitario y el gasto educativo también cuando aumentan las personas menores de 16 años. Más problemático es exigir recursos por dispersión poblacional, como si el fallo fuese ajeno al urbanismo municipal y a las políticas autonómicas respectivas. Aplicando la metodología de que todos ganan y nadie pierde (con la excepción del Estado), la confusión domina la escena. Obtener más “pasta” en el proceso reformador fue y al parecer sigue siendo todavía el objetivo principal, pese a que los efectos y consecuencias son ya conocidas.    

La transparencia es siempre garantía robusta para mejorar la calidad democrática    

Otra forma de realizar cambios en la financiación autonómica y local es utilizar referentes normativos. Como aplicar los principios diseñados por la Teoría Económica del Federalismo Fiscal, incluyendo también la experiencia comparada. Los principios citados son la suficiencia financiera, la autonomía política, la responsabilidad fiscal, la solidaridad, la colaboración institucional y la transparencia. Los tres primeros exigen un protagonismo fuerte de los tributos propios o cedidos con capacidad normativa. Los dos siguientes completan la suficiencia y aportan equidad y colaboración institucional. Las transferencias niveladoras y las subvenciones son los instrumentos utilizados. Finalmente está la transparencia que es siempre garantía robusta para mejorar la calidad democrática.

Pues bien, la experiencia comparada nos dice que los tributos propios y cedidos, con capacidad normativa, tienen un peso relativo en los países federales que oscila entre el 50 y 70 por cien de los ingresos totales. En Galicia ese porcentaje es 24/25 por ciento, cifra inferior a la que registran incluso los 201 municipios gallegos con población inferior a 5.000 habitantes (26%). Los tributos propios o cedidos con capacidad normativa, deben ser siempre relevantes por dos razones básicas: a) los ciudadanos de la jurisdicción están obligados a pagar gran parte de los servicios públicos que solo a ellos benefician (en función de su capacidad tributaria), mientras el resto lo soportan contribuyentes ajenos a la jurisdicción (vía trasferencias y subvenciones); b) los ciudadanos de la jurisdicción votan a los gobiernos y deben asumen también las consecuencias de sus decisiones, circunstancia que no se produce en la realidad. Recordemos que los tributos propios aportan disciplina, responsabilidad y justicia fiscal, mientras las transferencias niveladoras favorecen la suficiencia y la solidaridad, equilibrando a su vez el proceso descentralizador. Las subvenciones refuerzan esa solidaridad y se utilizan para atender problemas específicos de la jurisdicción.   

La ausencia de disciplina financiera, de autonomía política y de responsabilidad fiscal, propician el abuso, el  clientelismo político y también presidentes pintorescos

La importancia de este equilibrio (tributos propios y transferencias/subvenciones), que en su conjunto aporta más del 90% de los ingresos totales de la administración territorial respectiva. es, siempre sustantiva. El ejemplo más elocuente se produce en nuestras Diputaciones provinciales. En ellas los tributos propios no superan el 5% de los ingresos totales, mientras las transferencias, subvenciones y deuda explican el resto. El resultado final de esos ingresos interesados, es una administración fallida. Porque la ausencia de disciplina financiera, de autonomía política y de responsabilidad fiscal, propician el abuso, el  clientelismo político y también presidentes pintorescos.    

En este sentido, es una obviedad que determinadas comunidades autónomas deben reforzar sus tributos propios, así como las transferencias/subvenciones. Los gobiernos territoriales se forjan en el rigor, la disciplina y la solidaridad que proporcionan los ingresos mencionados. En caso contrario, los valores citados y la educación democrática son un imposible.

En todo caso, cualquier reforma tributaria exige denunciar y combatir primero la explotación fiscal que soportamos. Si el IRPF es ya un impuesto sobre los salarios, el Impuesto de Sociedades no puede  gravar al 6% las empresas multinacionales que consolidan cuentas y al 15% a otras empresas. Las plusvalías bursátiles e inmobiliarias deberían soportar también, como las rentas del trabajo, la tarifa general y progresiva del IRPF. La economía sumergida (25% del PIB), los paraísos fiscales, el fraude tributario (80.000 millones) y los silencios gubernamentales son cada vez más conocidos y más insoportables. Las reformas fiscales que silencian la explotación y la corrupción actual, estarán condenadas al fracaso político por ser un peligro excesivo.

Cualquier reforma tributaria exige denunciar y combatir primero la explotación fiscal
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