El crowdfunding y el alquiler vacacional tendrán que cumplir la Ley de Blanqueo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de Ley con el objetivo de adaptar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a las exigencias de la normativa europea que obliga, entre otras cosas, a incluir como sujetos obligados a las plataformas de crowdfunding y los intermediarios en alquileres cuya renta mensual supere los 10.000 euros.

De acuerdo a La Vanguardia, esto implica que este tipo de negocios tendrán que identificar a sus usuarios, y comprobar la identidad de sus clientes y del origen del dinero que invierten o utilizan en estas actividades tiene un origen lícito.

Además, la legislación aprobada este viernes establece que bancos, aseguradoras y despachos de abogados y demás sujetos obligados desarrollen mecanismos de denuncia interna, lo que en inglés se conoce como whistleblower, para favorecer la identificación de conductas erróneas dentro de las organizaciones. También se establece que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) cuente con un sistema eficiente para recibir y canalizar denuncias.

La modificación legal aprobada también implica un endurecimiento en el control de la actividad de los denominados sujetos PEPs, ciudadanos con responsabilidad pública españoles. Desde hoy, el tratamiento para las personas de relevancia pública será igual para aquellos con nacionalidad española y para los extranjeros.

Otra de las modificaciones afecta a las sanciones. Estas se refuerzan del actual 5 % del patrimonio neto de la entidad hasta el 10 % del volumen de negocio consolidado del grupo. Por otro lado, cuando entre en vigor esta actualización el Fichero de Titularidades Financieras, la base de datos en la que constan las cuentas corrientes abiertas en entidades financieras en España, se actualizará mensualmente y se incorporará información procedente de las cajas de seguridad y las cuentas de pago. @mundiario