Los costes de la pérdida de credibilidad
Una de las imágenes más difundidas y comentadas en las últimas semanas es la del abrazo con el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron el pacto para formar un gobierno de coalición. Esta imagen, que va camino de convertirse en icónica, me sirve como pretexto para reflexionar sobre las relaciones entre política y economía.
En los países democráticos los vínculos entre las políticas macroeconómicas y el “juego” electoral son muy estrechos. En general, se admite que los políticos actúan atendiendo fundamentalmente a dos tipos de motivaciones: por un lado, el deseo de permanecer (acceder) en el (al) poder tanto tiempo (tan rápidamente) como sea posible y, por otro, las consideraciones ideológicas que reflejan los intereses de diversos grupos sociales.
Ante la proximidad de unas elecciones los gobiernos acostumbran a comportarse de forma oportunista tratando de aumentar la probabilidad de ser reelegidos. En la medida en que este tipo de comportamiento es independiente de la orientación ideológica del ejecutivo, no deberíamos sorprendernos de que, a menudo, nos encontremos con episodios de la vida política en los que prima el tacticismo partidista. Este tacticismo responde a la preponderancia de intereses de partido y personales frente a la ideología o a los intereses de país y suele prevalecer sobre la asunción de compromisos creíbles por parte de los gobernantes.
Esto no es un problema menor, porque la credibilidad es una condición necesaria para la eficacia de la política económica. La credibilidad es una medida de la confianza de los ciudadanos en que los gobiernos sigan las políticas previamente anunciadas y a cuya implementación se han comprometido. Además, los efectos de una determinada política económica dependen en gran medida de las expectativas que dicha política genere entre los agentes económicos. Por lo tanto, si se pretende que las políticas surtan los efectos deseados, tienen que generarse las expectativas adecuadas, para lo cual es imprescindible la credibilidad de los gobernantes que las anuncian e implementan. No es de extrañar que en este contexto la comunicación se haya configurado como una de las herramientas más eficaces de política económica. Tanto es así que Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal (el todopoderoso banco central de los Estados Unidos) declaró en su día que la política monetaria es 98 % comunicación y sólo 2 % de acción.
Volviendo sobre el simbólico abrazo. Evidentemente, cabe interpretarlo como una señal de reconciliación que parece poner fin a una escalada de declaraciones y posicionamientos públicos en los de los protagonistas se intercambiaron reproches y mensajes de desconfianza mutua. Ahora bien, en el camino previo al acuerdo, los protagonistas han emitido señales menos positivas. Ambas partes realizaron declaraciones de principios muy categóricas de las que se han tenido que desdecir posteriormente. No ignoro qué este modo de proceder podría responder a la lógica propia de una estrategia de negociación entre líderes de partidos. No obstante, a mi modo de ver, lo preocupante de cara al futuro es que las contradicciones en las que han incurrido pueden poner en entredicho el valor de la palabra y del compromiso de unos líderes políticos que, en el caso de llegar a formar gobierno, tendrán que ser creíbles para que sus políticas resulten eficaces.
En definitiva, uno de los activos más valiosos que poseen los responsables de la toma de decisiones en la esfera de la política económica es su reputación, su credibilidad y la confianza que generan en los agentes económicos. Por ello, no estaría de más que los gobernantes y/o los que aspiran a gobernar valoraran sus actuaciones en términos de la erosión que éstas pueden provocar en este activo. Lógicamente, más allá de los protagonistas concretos que dan pie a esta reflexión, ésta sería aplicable a todos los líderes políticos, independientemente las posiciones del espectro ideológico en las que se sitúen.
Situaciones como la estamos que viviendo en el plano político en los últimos tiempos amplifican las distorsiones que el “juego” electoral causa en la política económica y, en última instancia, en la economía. En este sentido, parece razonable plantearse la introducción de cambios en el sistema electoral que contribuyan a evitar que surjan este tipo escenarios. Sería bueno para gobernantes y gobernados. @mundiario
