El Congreso no derogará el decreto que agilizó la fuga de las empresas catalanas

El PP, el PSOE y Ciudadanos han rechazado este martes en el Pleno del Congreso la pretensión del PDeCAT, respaldada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana (ERC) y PNV, de derogar el decreto ley que agilizó el cambio de domicilio de las empresas. Esto facilitó la salida de empresas catalanas tras el referéndum soberanista del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia.

De acuerdo a El Periódico, el portavoz presupuestario del PDeCAT, Ferrán Bel, ha asegurado que ese decreto ley supuso "expropiar la capacidad de los accionistas" para decidir "algo que es básico" y que, a su juicio, corresponde decidir a la junta de accionistas, "los verdaderos propietarios de la empresa y no el consejo de administración". En su opinión, se alegaron "motivos meramente técnicos" para modificar la ley de sociedades de capital cuando, según el diputado de la antigua Convergència, se demostró que "había otra motivación".

Además, ha señalado que, si en Cataluña marcharon 2.536 empresas en 2017, de la Comunidad de Madrid salieron 1.279, sin que la presidenta de ésta, Cristina Cifuentes, estuviera proclamando la independencia, y ha pedido permitir que sean los accionistas los que puedan acordar la vuelta del domicilio social.

"¿Es cierto que Felipe VI llamó a ciertas empresas personalmente para recomendar a empresas que salieran de Cataluña? Lo dice la propia Seat", ha preguntado por su parte el diputado de ERC Gabriel Rufián, que cree que "el peligro para la economía no es votar, sino evadir impuestos". Rufián sostiene que Cataluña continúa líder en inversión extranjera y ha animado a hablar 40 minutos con el 'exconseller' Oriol Junqueras, encarcelado en Estremera, para saber cómo gestionar una economía.

Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell (En Comú), ha criticado que este decreto buscaba "enseñar el camino de salida y provocar miedo económico". "No fue la amenaza de ningún corralito, fue el clima que se generó y generó el propio Gobierno", ha comentado.

La propuesta del PDeCat recoge establecer que todas las empresas que hayan trasladado su domicilio social por decisión del órgano de administración con posterioridad a la entrada en vigor real decreto, el pasado 7 de octubre, deberán ratificarlo en su Junta de Accionistas. Para la formación catalana, este real decreto fue una práctica legislativa "fraudulenta" para "disimular que la verdadera motivación es que se quiere promover y facilitar la salida de las sedes sociales de Cataluña sin que los socios lo puedan impedir". La norma aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan. @mundiario