Condenan a España a pagar 15 millones por no trasponer una directiva de protección de datos

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. / RR SS
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. / RR SS

La sentencia del TJUE también incluye una multa coercitiva diaria de 89.000 euros por no transponer la directiva sobre protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales.

Condenan a España a pagar 15 millones por no trasponer una directiva de protección de datos

Hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-658/19 interpuesto por la Comisión Europea contra el Reino de España. Se condena a España a una suma a tanto alzado de 15 millones de euros y a pagar una multa diaria de 89.000 €, sanción indefinida hasta que España transponga la Directiva de protección de datos personales en el ámbito de infracciones penales.

España debía haber adoptado su normativa nacional a esta Directiva, que prevé los principios de protección de datos asociados a procesos penales. El actual reglamento de protección de datos al igual que su normativa de desarrollo excluye de su ámbito de aplicación aquellos tratamientos de datos realizados por una autoridad pública para investigar, prevenir o enjuizar infracciones penales o para ejecutar sanciones.

El 2 de julio de 2018 España fue requerida por la Comisión Europea por no haber informado de las medidas tomadas para realizar la integración en su normativa de esos derechos, cuyo plazo vencía el 6 de mayo del mismo año. Dado que el escrito no surtió efecto la Unión Europea el día 25 de enero 2019 emitió contra España un dictamen motivado,  un requerimiento que de no ser contestado podría suponer sanción.

En esta ocasión el Gobierno contestó sin rebasar el plazo de 60 días que le concedían, argumentando que estaba en proceso, dándose como plazo límite marzo de 2020. También decía de forma expresa que la situación política actual y el hecho de tener que ser aprobada por mayoría cualificada (2/3 de la cámara) suponían fuentes que justificaban dicho retraso.

España no niega haber incumplido sus obligaciones de adoptar y comunicar las medidas de transposición de la Directiva, y reconoce que las circunstancias institucionales muy excepcionales que han retrasado las actividades del Gobierno y del Parlamento nacional con vistas a la adopción de las medidas de transposición necesarias (en particular, el carácter provisional del Gobierno español durante el período pertinente, que no disponía de una mayoría en el Congreso de los Diputados y estaba solo en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno) no permiten justificar el incumplimiento reprochado.

Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia declara el incumplimiento de España. El Tribunal de Justicia señala que consta que, al expirar el plazo fijado en el dictamen motivado de la Comisión, el 25 de marzo de 2019, España no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la transposición de la Directiva ni comunicado dichas medidas a la Comisión. El Tribunal de Justicia considera que el incumplimiento declarado está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 260 TFUE, apartado 3, toda vez que, al expirar ese plazo, no se informó a la Comisión sobre ninguna medida de transposición en el sentido de dicha disposición.

Por lo que respecta a las sanciones pecuniarias solicitadas por la Comisión, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que la condena al pago de una multa coercitiva solo está justificada en principio mientras perdure el incumplimiento hasta el examen de los hechos por el Tribunal de Justicia. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia declara que España ha persistido en su incumplimiento, puesto que, en la fecha de terminación de la fase escrita ante el Tribunal de Justicia, el 6 de mayo de 2020, no había adoptado ni comunicado las medidas necesarias para garantizar la transposición de las disposiciones de la Directiva al Derecho español. El Tribunal de Justicia considera que la condena al pago de una multa coercitiva constituye un medio apropiado para garantizar que dicho Estado miembro ponga fin, lo antes posible, al incumplimiento declarado. Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisa que dicha multa coercitiva solo debe imponerse en la medida en que el incumplimiento persista en la fecha en que se dicte la sentencia.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia subraya que el conjunto de elementos jurídicos y fácticos que rodearon el incumplimiento declarado constituye un indicador de que la prevención efectiva de la repetición futura de infracciones análogas que afecten a la plena efectividad del Derecho de la Unión justifica adoptar una medida disuasoria. @mundiario

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