Los concursos de acreedores podrían pasar de 7.000 en 2019 a 50.000 en 2021
Según las previsiones del Ministerio de Justicia, más de un millón de nuevos asuntos ingresarán entre 2020 y 2021 en el orden social.
Los concursos de acreedores podrían pasar de 7.000 en 2019 a 50.000 en 2021, lo que supondría un 714,2% –más de siete veces de aumento–, si se cumplen las previsiones que maneja la Justicia española. Según sus previsiones, más de un millón de nuevos asuntos ingresarán entre 2020 y 2021 en el orden social.
En los planes de choque en las distintas jurisdicciones para abordar la situación generada por el parón de actividad y sus consecuencias económicas, el Gobierno de Pedro Sánchez abandera la puesta en marcha de planes “imperativos” en el plazo máximo de 15 días desde que se levanten las medidas acordadas por el estado de alarma.
El ministro Juan Carlos Campo insiste en que la hoja de ruta Covid-19 ha de ser necesariamente el primer peldaño de #Justicia2030, el proyecto en el que trabaja su departamento para transformar y fortalecer el servicio público en un horizonte de diez años. “El objetivo no puede ser regresar a la vieja normalidad sino impulsar la transformación a pesar de las circunstancias”, y afrontarlo, subraya Campo, “desde el consenso”.
Los proyectos que se pretenden llevar a cabo en el marco de #Justicia2030 son los relativos a la transformación digital y organizativa de la Justicia, como la implantación “completa y definitiva” del proyecto de Oficina Judicial, la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la consolidación del expediente judicial digital y la integración de las plataformas de gestión procesal. Se trata, señala Juan Carlos Campo, de “convertir la dispersión tecnológica en un activo del sistema”. El ministro subraya que la crisis sanitaria “ha hecho aún más visible las carencias en tecnología de nuestra Justicia” por lo que es preciso acelerar “un proceso inevitable”.
El Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de mayo y ahora se trabaja ya de forma coordinada con las administraciones competentes en el despliegue de las medidas que contiene para las distintas fases de la desescalada. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, señala que en la última reunión de la Comisión de Coordinación se acordó mantener la fase 1 y la prestación del servicio en la Administración de Justicia por parte del 30- 40% del personal. Las medidas organizativas del real decreto incluyen una ampliación de la vacatio legis de la Ley de Registro Civil de 2011 que se reformará parcialmente “desde el más amplio consenso”, subraya el ministro del ramo.
Dado que la mayor parte de las medidas contenidas en el decreto tienen una vigencia limitada a tres meses, el ministro Juan Carlos Campo ha explicado que su departamento trabaja en un proyecto de ley “más ambicioso" y orientado "a la eficiencia” que pondrá especial énfasis en la transformación digital de la Administración de Justicia y en los medios alternativos para la resolución de conflictos. Todos los operadores jurídicos están realizando sus aportaciones al texto para poder aprobar la norma en junio en el Consejo de Ministros. @mundiario
