¿Una concesionaria de un servicio público puede ganar millones de euros?

Buses y personal de la Compañía de Tranvías de A Coruña. / tranviascoruna.com
Buses y personal de la Compañía de Tranvías de A Coruña. / tranviascoruna.com

¿Tiene derecho la Administración a conseguir que una empresa así rebaje sus tarifas y mejore sus servicios o, alternativamente, puede rescindir incluso una concesión? MUNDIARIO analiza un caso concreto y actual, objeto de una posible rescisión.

¿Una concesionaria de un servicio público puede ganar millones de euros?

El desenvolvimiento de una concesión mediante contrato administrativo ofrece en ocasiones ciertas vicisitudes que lo afectan y transforman hasta el punto de convertirlo en poco rentable o incluso en oneroso para el contratista. En tales circunstancias son muchas las ocasiones en las que los contratistas prefieren desistir del contrato y forzar su resolución antes que tratar de llevarlo a su cumplimiento, tras observar que los mecanismos legales previstos – la revisión de precios, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, etcétera – devienen insuficientes.

¿Pero qué pasa si sucede al revés y es el sector público el que descubre que una concesión pública deviene en un negocio con elevados márgenes, incluso desproporcionados?

Sean cuales sean las decisiones de las partes, deben hacerse desde "el conocimiento de las consecuencias que las resoluciones por causas que les son imputables pueden tener", opinan fuentes jurídicas. Pero lo que parece evidente es que, sea cual sea el supuesto, a la larga debe primar el bien público, ya sea como fruto de aplicarse simplemente la ley o de una negociación política.

MUNDIARIO analiza un caso concreto: la Compañía de Tranvías de A Coruña, que en 2014 obtuvo un beneficio de 4,4 millones, cantidad que supuso un incremento de más de un millón de euros respecto a 2013

¿Una concesionaria de un servicio público puede ganar, por ejemplo, varios millones de euros? ¿Tiene derecho la Administración a conseguir que una empresa así rebaje sus tarifas y mejore sus servicios? MUNDIARIO analiza un caso concreto: la Compañía de Tranvías de A Coruña, que en 2014 obtuvo un beneficio neto de 4,4 millones de euros, cantidad que supuso un incremento de más de un millón de euros respecto al ejercicio anterior. Según Economía Digital, repartió entre sus accionistas un dividendo de 2,2 millones de euros, que se sumaron a los 2 millones que entregó un año antes a cuenta de los resultados de 2013.

¿En un caso así tendría más lógica que los billetes costasen menos, tratándose de una concesión pública? ¿O tal vez sería mejor que a cuenta de reducir el beneficio de una concesionaria subvencionada se mejorase el servicio público que presta?

La fórmula matemática que determina las tarifas de la Compañía de Tranvías de A Coruña en función de diversos factores – salarios, precio de la gasolina, beneficios de la empresa, etcétera– ya está siendo analizada por el gobierno local de A Coruña, en manos de la Marea Atlántica, de corte progresista.

Sobre el papel, la finalidad de la reforma del transporte en España pasa por modernizar el sector eliminando cargas administrativas y restricciones mercantiles y mejorar la oferta de transporte y la calidad y competitividad de los servicios. 

La importancia de optimizar los recursos públicos en un contexto de crisis como el presente y la persistencia de conductas anticompetitivas en los procedimientos de contratación pública, a pesar de las numerosas normas vigentes en la materia, ha tenido como consecuencia un renovado protagonismo de la defensa de la competencia en dicho sector. Algunos organismos internacionales como la OCDE ya han llamado la atención sobre las consecuencias que supone la colusión en la licitación pública y que concreta en un encarecimiento de aproximadamente el 20% de los contratos, con manifiesto perjuicio para las cuentas públicas y paralelo enriquecimiento ilícito de quienes en tales conductas participan.

Esta preocupación no ha pasado inadvertida para la Unión Europea como se deduce de la Comunicación de la Comisión Directrices sobre la aplicabilidad del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) y del Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente, publicado el 27 de enero de 2011, en relación con el cual se ha abierto una consulta pública con objeto de modernizar la regulación de las compras públicas y su adaptación a la Estrategia Europea 2020, que hace especial hincapié en que las políticas de contratación pública deben garantizar el uso eficiente de los fondos públicos. De hecho, la toma de conciencia acerca de la importancia de hacer efectiva la competencia en el mercado de la contratación pública y de respetar los parámetros impuestos al respecto por la legislación y la jurisprudencia comunitaria y española se puso de manifiesto en muchas de las reformas operadas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

En el caso concreto objeto de análisis, el Ayuntamiento de A Coruña ha dado por extinguido el contrato del bus urbano con la Compañía de Tranvías, si bien aprobó prorrogar el servicio dos años

En el caso concreto objeto de análisis, el Ayuntamiento de A Coruña ya ha dado por extinguido el contrato del bus urbano con la Compañía de Tranvías, si bien aprobó prorrogar el servicio dos años. Según el diario local La Opinión, lo hizo apoyado en un reglamento de la Unión Europea de 2007 que da por extinguida la concesión de la Compañía de Tranvías justo al cumplirse 30 años de la adjudicación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, a pesar de que el convenio de unificación de líneas con la empresa, de 1986, estipulaba su explotación hasta el año 2024.

Las interpretaciones que suscita la ley europea respecto a la conclusión de la adjudicación harán necesario dirigir una consulta a la Comisión Europea para saber si durante el periodo transitorio abierto deberá convocarse un nuevo concurso o si la concesión puede continuar hasta su finalización inicialmente prevista en 2024.

La Compañía de Tranvías de La Coruña es beneficiaria de un convenio que le otorgó el servicio sin que hubiera concurrencia competitiva, en tiempos del alcalde Francisco Vázquez (PSdeG - PSOE), pero interpreta que el contrato refrendado por el pleno de 1986 "es legalmente válido" y está "vigente".

De momento, el servicio de transporte público "va a seguir funcionando normalmente", según garantizó el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro. Decisiones como la reordenación de las líneas, la posible recuperación del carril bus o nuevas tarifas quedan en el aire. Por su parte, la empresa confía "en la responsabilidad y el criterio del Ayuntamiento a la hora de refrendar las condiciones legales" en las que se otorgó el servicio, según señala en una nota la compañía que preside José Prada.

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