La concesión a las empresas bacaladeras no es gratuita
Este ligero incremento concedido a la industria bacaladera si bien significa una bombona de oxígeno para el año próximo, nadie sabe hasta dónde pueden llegar los recortes en el año siguiente.
Galicia, con cuatro buques bacaladeros, absorbe el 77% de la cuota de bacalao que España logra en los repartos anuales como el recientemente realizado en Tallin (Estonia) donde, finalmente, se ha concedido a las empresas bacaladeras alrededor de 2.000 toneladas más para el año 2019 de las adjudicadas hace un año para 2018.
No sa sido esta una concesión gratuita. Y lo saben en la patronal del sector, AGARBA, donde su presidente, Iván López, confiesa su temor a lo que puede aprobar la reunión de 2019 para establecer las cuotas del año 2020 con la nueva regla de explotación del bacalao.
Y es que este ligero incremento concedido a la industria bacaladera si bien significa una bombona de oxígeno para el año próximo, nadie sabe hasta dónde pueden llegar los recortes en el año siguiente teniendo en cuenta que lo ahora concedido no es sino evitar que se mueran buen número de ejemplares cuyas edades no permiten vislumbrar para ellos un futuro a más o menos largo plazo. Si no se capturan, se mueren. Por tanto, no es gratuita la concesión.
A todo esto hay que añadir las consecuencias de la salida del Reino Unido de las estructuras de la Unión Europea (el ya manido brexit) y la explotación -la submarina incluida- de las aguas internacionales con el añadido de la pretensión cada vez más fundada de la ampliación de millas a las conocidas como ZEE (Zona Económica Exclusiva) que, en la práctica, pone en riesgo todas y cada una de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) que siguen los dictados de los estados ribereños que gestionan sus propias pesquerías o aquellas especies que, como es el caso del atún, son altamente migratorias. Unos y otros pueden limitar capturas o fijar el esfuerzo pesquero, lo que repercute en las flotas que, como la española, precisan de aquellos caladeros en los que se aplican medidas técnicas y de control que les obligan a aceptarlas si realmente quieren obtener un mínimo rendimiento.
La Unión Europea, como parte contratante, abre las puertas de estos caladeros a los barcos españoles de gran altura en seis ORP que controlan las poblaciones de túnidos, y once organizaciones más de otro tipo. Por ejemplo, NAFO (Atlántico Noroccidental), ICCAT (de conservación del atún atlántico), IOTC (Índico), NEAFC (Atlántico Nordeste), SIOF (Índico Meridional), etc.
Con todo esta planteamiento que repercute en una industria pesquera (la española) absolutamente dependiente, la minería submarina (especialmente el petróleo) está creando un temor más que fundado a la repercusión que los trabajos exploratorios que se llevan a cabo a grandes profundidades tiene y pueda tener en un futuro inmediato en las especies objetivo.
Con relación al bacalao, se habla ya abiertamente de una especie de canto de cisne para su pesquería, con lo que NAFO, al otorgar ahora en Tallin ese incremento citado de cuota, no habría hecho sino endulzar la boca de los bacaladeros para, a continuación (año 2019) aplicar un gran recorte como reconocimiento a las verdades del barquero que ya ha relatado Canadá abiertamente: ¿El petróleo y los metales del fondo marino o el pescado?. Elijan.
La explotación de las aguas internacionales ya no tiene como único objetivo las poblaciones de peces. Dicho así, hay que entender que la pesca como proveedora de alimentos tiene un corto período de vida por delante. La acuicultura ocupará su puesto. Los barcos de pesca se desguazarán. Los armadores y los tripulantes deberán buscarse la vida. Y el mar, desde su fondo rocoso o arenoso, seguirá suministrando combustibles fósiles y minerales que ya se agotan también en la superficie terrestre.
Espero no verlo.
