La Comisionada de Justicia quiere que los fondos otorgados se vinculen a una nueva fiscalía

Si Věra Jourová consigue imponer sus intenciones, los gobiernos que se nieguen a inscribirse en el nuevo organismo paneuropeo encargado de investigar y enjuiciar el fraude transfronterizo de IVA, no serán elegibles para los fondos de cohesión de la Unión Europea, cuyo valor será de 63,4 mil millones de euros entre 2014 y 2020. 

Los ministros de justicia de 20 países de la UE se inscribirán el jueves en la nueva Fiscalía Europea (OEPP), que fue propuesta por primera vez en el lejano año 2000, pero que ha sido retrasada en gran parte por las discusiones sobre la posible interferencia de la UE en los sistemas nacionales de justicia penal. Países Bajos, Suecia, Malta, Hungría y Polonia no participan de momento, pero Jourová espera asegurar su respaldo vinculando el proyecto a la financiación de la UE.

"No es sólo el dinero lo que está en juego, es la confianza de los contribuyentes", dijo Jourová en entrevista. "Es muy lógico que los estados que quieran más inyecciones financieras masivas, pero para ello deben estar bajo el fiscal".

Los debates sobre las prioridades de gasto de la Unión Europea para el próximo período de financiación, dirigido por el Comisario de Presupuesto, Günther Oettinger, incluyen el debate sobre las condiciones que deberán aplicarse a la recepción de los fondos de cohesión para las regiones más pobres de la UE. Berlín está buscando formas de congelar fondos para países que no cumplen con las normas de la UE sobre el estado de derecho y otros principios democráticos, aunque el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, rechazó esa idea como "veneno".

Sin duda el Parlamento Europeo y algunas capitales nacionales deseaban que la nueva fiscalía tuviera poderes más amplios para combatir delitos como el tráfico y el terrorismo, pero no se sabe hasta que punto esta iniciativa tan extensa encontrará oposición.