La Comisión Europea interpela a España por caer en crisis fiscal antes de la pandemia

La estabilidad fiscal de una nación es, por naturaleza, la estabilidad de su economía. Sin embargo, ese principio se ha desdibujado con el pasar de los últimos cuatro años en España, donde las distorsiones de las cuentas públicas, la crisis fiscal y el elevado déficit forzaban al Gobierno, primero de Mariano Rajoy, y después, de Pedro Sánchez, a gastar más de lo que su capacidad permitía bajo un esquema de ingresos muy mermado por la caída en las exportaciones y los cuantiosos compromisos tributarios del Estado con el macro-sistema financiero de Bruselas y la Comisión Europea, que es el centro de gobierno de la Unión Europea.

Y ahora, en medio de una crisis sanitaria global que se ha erigido como un ciclo biológico que tiene en retracción y reducción a la actividad y la composición de la civilización humana moderna (o postmoderna), en la cual todos los Estados deben saltarse la disciplina económica para gastar cuanto puedan sin límite alguno, España gastó de más incluso antes del estallido de la pandemia de coronavirus. Hoy, la crisis de salud ha incentivado la inyección de liquidez para mitigar la mengua y el desgaste socioeconómico derivado del confinamiento, y eso llevó al país a tener una deuda que supera el valor total anual de la economía española; 115% del PIB en déficit, unos 2,8 billones de euros.

Entonces, España ya incumplía con las reglas fiscales europeas antes del estallido de la pandemia. La UE es clara al instar a los países miembros a ahorrar, moderar el gasto y no saturar sus economías con déficits, baja oferta y presión de la demanda. Bruselas determinó en su informe sobre la situación fiscal y financiera que España se desvió en 2019 “de forma significativa de la senda marcada a medio plazo por la Unión Europea para su deuda pública”.

Esto implica que el Gobierno priorizó el gasto y el endeudamiento por encima de la creación de un fondo de estabilización macroeconómica que permitiera la financiación de la liquidez con capitales provenientes de la actividad económica real (impuestos) en lugar de saturar el sistema con recursos derivados de la emisión de crédito y moneda en paquetes de estímulo por parte del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España.  

La Comisión Europea considera que la “falta de cumplimiento con los requerimientos para reducir su déficit estructural” –que empeoró en un 0,5% del PIB— “suponen un factor agravante en su evaluación, máxime cuando la economía española estuvo creciendo por encima de la media de la zona euro”.

El argumento de Bruselas se basa en que la credibilidad de administración financiera y fiscal de España se ha reducido en un grado que podría incrementar exponencialmente el riesgo crediticio del país y traducirse en un debilitamiento de los flujos financieros que la UE pudiera concederle a Madrid.

El Gobierno entendió que tras la recesión de 2010 y la crisis del euro en 2014, ya era necesario volver a confiar en la estimulación del gasto público. El problema es que no se le puso un muro de contención a esa política. El año pasado España salió del procedimiento de déficit excesivo, dejando atrás una década de austeridad.

Ni España ni los 26 países restantes sobre los que la Comisión Europea ha tenido que elaborar un informe fiscal al haber comunicado que piensan romper los límites que marcan las reglas fiscales de la UE. Y es que incluso el Fondo Monetario Internacional ha hecho un llamado a todos los gobiernos y bancos centrales del mundo a gastar todo lo que puedan, pero siempre guardando facturas, recibos y constancia contable de todos los capitales liquidados. La duda radica en si, efectivamente, España tendrá la voluntad y la capacidad de gastar y, de hacerlo, procurar la auditoría total de esas partidas presupuestaria de emergencia.

Sin embargo, la Comisión le recrimina -con un tono duro- a España que no solo el déficit planeado para 2020 sobrepasará esos límites, sino que “los datos de 2019 suponen un progreso insuficiente en la reducción de la deuda”.

Con un índice de precios (inflación) que se incrementó en 0,5% y un crecimiento leve del -2% con aumento del déficit fiscal y comercial el año pasado, se generó una combinación de factores macroeconómicos muy negativos que, aunado al gasto del Gobierno en pensiones que todavía son insuficientes para cumplir las demandas sociales internas, elevó la deuda externa a más de doble del PIB nacional.

España cerró el año pasado con un déficit público del 2,8% del PIB (tres décimas más que en 2018) y una deuda del 95,5% (2,1 puntos menos). De acuerdo con el Programa de Estabilidad que la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha remitido a Bruselas, “la pandemia hará que el desfase presupuestario vuele hasta el 10,3% del PIB, mientras que la deuda se disparará hasta el 115,5%”.

Los técnicos de la Comisión Europea advierten de que, si bien ese valor y esa crisis fiscal van a ser “excepcional” a causa del brote, no será “temporal”. Es decir, España se mantendrá por encima del 3% del PIB más allá de 2021, lo que demuestra que el país seguirá instalado en una tendencia de gasto exponencial sin ingresos fiscales que ayuden a reequilibrar la balanza. @mundiario