La Comisión Europea exige a España acelerar las reformas pendientes en la banca

España vuelve a estar bajo el foco de Bruselas. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción y ha enviado una notificación formal al Gobierno por no haber transpuesto a tiempo varias directivas comunitarias cuyo plazo venció a mediados de enero. En la práctica, esto significa que el país tiene dos meses para adaptar su legislación o se arriesga a que el caso termine en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No es un problema exclusivo de España. También han recibido cartas países como Francia, Italia, Portugal o Países Bajos. Pero que el retraso sea común no lo hace menos preocupante. La Unión Europea funciona como un engranaje y cuando una pieza se atasca, el resto del sistema pierde eficiencia.

Directivas que no son burocracia, son reglas del juego

Una de las normas pendientes es la Directiva Ómnibus del Punto Único de Acceso Europeo. Aunque suene técnica, su objetivo es bastante sencillo de entender. Busca que empresas, fondos de pensiones y aseguradoras vuelquen información financiera y no financiera en un repositorio común europeo, reforzando la transparencia y facilitando que inversores y ciudadanos puedan comparar datos de forma clara.

Esto no es un capricho. Tras años de escándalos financieros y de opacidad empresarial, Europa quiere que el mercado se parezca menos a una habitación con humo y más a una sala con luz. El problema es que España va tarde. Existe un anteproyecto de ley sobre digitalización del sector financiero aprobado en 2024, pero sigue sin avanzar hacia las Cortes, pese a que organismos como la CNMC ya emitieron informes.

Supervisión bancaria y control de grandes operaciones

Otra directiva clave es la Sexta Directiva sobre Requisitos del Capital (CRDVI), que actualiza el marco bancario europeo. Entre otras cosas, obliga a entidades financieras de fuera de la UE a abrir una oficina dentro del territorio europeo si quieren operar, lo que facilita la supervisión y reduce el riesgo de estructuras opacas.

Además, armoniza normas para que los supervisores no trabajen a ciegas. Esto cobra especial importancia en un contexto donde las fusiones bancarias vuelven a marcar la agenda económica. El Banco de España, por ejemplo, ganaría herramientas para vigilar operaciones como la OPA fallida del BBVA sobre el Sabadell. No se trata solo de competencia, sino de estabilidad financiera y de proteger a consumidores que siempre acaban pagando la factura cuando el sistema se descontrola.

Justicia digital y el reto de las grandes plataformas

La tercera directiva pendiente es la de pruebas electrónicas, que obliga a los proveedores de servicios digitales a designar un representante legal en la UE. Así, si un juez necesita información para una investigación penal, no tiene que atravesar un laberinto burocrático internacional.

Aquí el debate es delicado. Esta norma puede reforzar la lucha contra el crimen digital, pero también exige garantías para que no se convierta en una vía rápida hacia abusos o vigilancia excesiva. El equilibrio entre seguridad y derechos no se improvisa, se legisla con rigor.

El trasfondo es claro. España acumula retrasos legislativos en un momento en que la UE acelera su transformación financiera y digital. Y cuando un país tarda demasiado, no solo se arriesga a sanciones, también pierde credibilidad e influencia.

Europa no está pidiendo milagros, está exigiendo que se cumplan compromisos ya firmados. Si el Gobierno no logra acelerar estos procesos, el coste no será solo jurídico, será político y económico. Y en un mercado donde la confianza lo es todo, llegar tarde equivale a dejar la puerta abierta al desorden. @mundiario