La Comisión Europea demanda a España para forzar un cambio al modelo 720

Sede de la Comisión Europea. / ec.europa.eu
Sede de la Comisión Europea. / ec.europa.eu
Bruselas reprueba el mecanismo inventado por el Gobierno del PP para obligar a declarar ante Hacienda todos los bienes en el extranjero.
La Comisión Europea demanda a España para forzar un cambio al modelo 720

Bruselas ha dado un golpe sobre la mesa de la norma que fuerza a declarar bienes en otros países. La Comisión Europea difundió el lunes el resumen del recurso en el cual demanda formalmente a la Justicia del continente que condene a España a raíz de las multas desorbitadas que impone. Así, la comsión despejó todas las dudas que quedaban en cuanto al alcance de su denuncia: estima que el régimen sancionador y la falta de aplicación de las reglas regulares de prescripción que rigen el modelo 720 limitan las libertas protegidas en los tratados del club de los 27.

“Aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos, que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan desproporcionadas", explica el texto. Es así como la comisión describe el sistema que hace funcionar el polémico modelo 720 -fuerza a los contribuyentes a declarar los activos por valor superior a los 50.000 euros que tengan en el exterior- y respalda su decisión de presentar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta norma, que empezó a regir en 2013 y ha sacado a luz hasta 150.000 millones de euros en bienes y derechos en otros países, ha dejado más de algún gesto torcido.

De acuerdo a datos recientes, la Agencia Tributaria ha sancionado a casi 5.000 contribuyentes desde la entrada en vigor de esta norma, muchos de ellos en 2015 y por haber hecho sus declaraciones fuera del plazo establecido. El sistema anticipa multas muy elevadas y ha provocado pleitos en los juzgados.

El País cita el caso de Manuel Molina como ejemplo de ello. Luego de iniciar la declaración de bienes en el extranjero, Molina informó a Hacienda que tenía guardados 340.000 euros en Suiza. La Agencia Tributaria le pidió a cambio 442.000 euros, 100.000 más de los que tenía en su declaración.

La autoridad tributaria entendió que Molina no solo declaró fuera de plazo y su patrimonio procedía de una venta que hizo hace algo más de 20 años y que jamás notificó. Así, terminó en el laberinto del modelo 720, que Hacienda inventó como medida antifraude en plena ebullición de la crisis. A la sazón el encargado de la cartera era Cristóbal Montero y la chequera del Estado apenas tenía fondos. Tanto así que en 2012 Montoro mismo había anunciado la tercera amnistía fiscal en la historia de la democracia, algo que fue botado un lustro después por el Tribunal Constitucional.

Ahora, los contribuyentes a quienes se les pase el plazo de declaración o que Hacienda les descubra se les aplicará una sanción formal por cada dato que no hayan declarado -deben informar de todas las cuentas corrientes, valores, derechos, seguros y rentas, bienes inmuebles y otros derechos reales-. Los activos se consideran ganancias patrimoniales no justificadas imputadas al último año no prescrito -las obligaciones con Hacienda son de cuatro años- así como una sanción de hasta el 150% de la cuota del IRPF a pagar, a no ser que el contribuyente demuestre que los adquirió mientras todavía vivía en el extranjero o que se originan de rentas declaradas en el país.

Ya en 2015 Bruselas había abierto un procedimiento de inspección contra esta norma. Dos años después, pidió a Madrid que la modificara pero, ante la falta de reacción, lo llevó ante el TJUE.

La comisión justifica esto en que la norma viola el derecho a la libre circulación de los trabajadores, el movimiento de capitales y hasta el derecho de establecimiento. El fallo se conocerá hasta dentro de dos años, más o menos. Aun si se falla a favor de los contribuyentes, es casi imposible que recuperen el dinero que ya han pagado a Hacienda. Se necesitará empezar un nuevo litigio y demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del derecho de la UE, explica El País. @mundiario


 

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