¿Es civil o militar el proyecto de los drones a medida de Indra con dinero público?
El grupo opositor AGE ve irregularidades en todo el proceso, y denuncia que se confía el polo de drones a una firma que acaba de presentar un ERE que implicará el despido de 1.750 trabajadores.
Inaer, una multinacional de matriz británica, e Indra, española, abanderan el proyecto público-privado del llamado Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR), en la provincia de Lugo. Supuestamente tratan de desarrollar drones civiles en el pueblo de Castro de Rei, contando con dinero público: la Xunta de Galicia invertirá 40 millones de euros, 15 millones más que los previstos. Si bien la iniciativa se presenta como civil, detrás de Indra está en este proyecto algún antiguo militar español, y son evidentes las conexiones de dicha firma con Defensa, según denuncia la Oposición.
Desde la Xunta de Galicia dejaron fuera del CIAR a empresas como las aeronáuticas Airbus o Boeing en beneficio de Indra, a pesar de que se trata de un polo de aviones no tripulados. Al frente del proyecto está el consejero de Economía, Industria y Trabajo, Francisco Conde, que presume de haber dirigido un concurso "transparente y con reglas claras", si bien suele dejarse ver con uno de los directores generales de Indra, el ex oficial de la Armada José Manuel Pérez-Pujazón Arzá, de quien podrían depender ciertas contrataciones.
Las actuales instalaciones del aerodromo de Rozas ocupan 370 hectáreas de terreno en el municipio de Castro de Rei, donde se construirá un nuevo hangar y se actuará en la torre de control. En el aire sigue la idea de que Defensa fue juez y parte en la adjudicación de este centro de drones de Rozas, en Lugo.
Piden luz y taquígrafos
Yolanda Díaz (EU), diputada adscrita a Podemos y exportavoz de la opositora Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que ya estuvo en Castro de Rei para dar voz a las protestas ciudadanas, denunció "la opacidad del proyecto", porque "a todas luces, como ya se ha reconocido", esas instalaciones no se van a dedicar "solamente a usos civiles, sino también a usos militares".
AGE quiere que se conozca la realidad de este proyecto, "con luz y taquígrafos", para que los ciudadanos sepan "qué conlleva y a qué intereses estamos sirviendo", advierte la ahora congresista Yolanda Díaz.
