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El cierre de bares y restaurantes desencadena una ola de protestas en Cataluña

También hay una crisis institucional, pues el poder judicial regional se ha colocado en contra de la autoridad ejecutiva del Gobierno autonómico, lo que también podría contravenir las directrices del Gobierno central en Madrid.
El cierre de bares y restaurantes desencadena una ola de protestas en Cataluña
Dueños de negocios y comerciantes protestando este viernes en Barcelona, Cataluña / La Vanguardia.
Dueños de negocios y comerciantes protestando este viernes en Barcelona, Cataluña / La Vanguardia.

La paralización comercial de la segunda región más importante de España y uno de los centros financieros más importantes del país, ha causado otro foco de inestabilidad y, probablemente, de ingobernabilidad en una zona que ya era difícil de administrar y sobrellevar para el Gobierno.

Y es que el cierre de bares y restaurantes dictado por el Gobierno autonómico de Cataluña para intentar frenar el incremento de contagios de COVID-19 ha desatado este viernes concentraciones, movilizaciones sociales y fuertes protestas civiles del sector empresarial, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ha avalado.


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Esto implica que podría originarse una crisis social por la importancia que tiene el sector comercial y de servicios en la economía regional catalana, que es esencial en el producto interno bruto de España. Además, controlar esos focos de malestar social podría generar otro ciclo de la crisis política de larga data entre los catalanes y el Gobierno central debido a su autodeterminación de independizarse del Reino para constituirse como una República independiente. 

Según ha informado el alto tribunal catalán, la sala contenciosa del TSJC ha autorizado, con un voto particular en contra, “las medidas planteadas por el Govern que necesitaban el aval judicial ya que afectaban a derechos fundamentales, como limitar las reuniones a un máximo de seis personas, suspender la actividad presencial en universidades y la reducción de aforo en espacios de culto”.

Por lo tanto, también hay una crisis institucional, pues el poder judicial regional se ha colocado en contra de la autoridad ejecutiva del Gobierno autonómico, lo que también podría contravenir las directrices del Gobierno central en Madrid, que es fiel partidario de aislar y confinar a Cataluña para evitar estas tensiones políticas bajo el pretexto retórico del control sanitario público sobre la expansión de la segunda ola de la pandemia. @mundiario