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Cerrar las diputaciones provinciales ahorraría de inmediato 600 millones de euros

Un estudio que avanza El País revela la falta de eficacia y los costes de las extendidas redes clientelares de estas instituciones y reabre un debate clave para ganar el voto rural y negociar el gobierno tras las elecciones del 26 de junio.

Cerrar las diputaciones provinciales ahorraría de inmediato 600 millones de euros
Diputación provincial de Zaragoza.
Diputación provincial de Zaragoza.

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Redacción

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El cierre de de las diputaciones provinciales supondría un ahorro inmediato de casi 600 millones de euros; multiplicaría esa cantidad a medio plazo al suprimir duplicidades, entidades instrumentales, y redes clientelares, y debería preservar los servicios que prestan estos organismos a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Son algunas conclusiones del estudio titulado Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario, coordinado por la fundación ¿Hay Derecho?, que será presentado en la tarde de este martes en Fundación Diario Madrid, y que adelanta El País.

El gasto destinado al propio funcionamiento de las diputaciones provinciales llegó como máximo al 50% del presupuesto en la Diputación de Badajoz y como mínimo al 10% de la de Sevilla. Eliminarlas, manteniendo los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, supondría un ahorro inmediato de casi 600 millones de euros, según este estudio, porque se eliminarían el coste en los órganos de gobierno de las diputaciones y también las transferencias de fondos que realizan a otras administraciones sin una finalidad concreta.

Según avanza también el diario de Prisa, las 38 diputaciones provinciales analizadas por el estudio sumaron un presupuesto de 6.358 millones de euros en 2015. La partida más grande de ese dinero (más de 2.000 millones, el 37%) se destinó a financiar la propia estructura de la institución, y los sueldos de sus diputados y funcionarios, según el estudio.

La partida de protección y promoción social se quedó en menos de la mitad (16,5%); la de producción de bienes públicos en el 12,8%, y la de servicios públicos básicos solo representó el 10%.

Que el PSOE y Ciudadanos apostaran tras el 20-D por suprimir estas entidades provocó fuertes tensiones internas en ambos partidos

El debate sobre estas instituciones ya ocupó un lugar central en la campaña electoral del 20-D. Solo el PP defendió entonces su continuidad, acusando al resto de formaciones de querer cerrar los pueblos o dejarlos huérfanos de los servicios que ofrecen estos organismos. Que el PSOE y Ciudadanos apostaran tras el 20-D por suprimir estas entidades provocó fuertes tensiones internas en ambos partidos.

El PSOE y Ciudadanos acordaron su supresión y sustitución por los llamados consejos de alcaldes en el pacto poselectoral que firmaron Pedro Sánchez y Albert Rivera. Para la formación de Albert Rivera, a la que todos los sondeos otorgan un papel clave tras el 26-J, esta es una medida capital. Su programa económico y de regeneración institucional gira alrededor de la supresión de estos organismos, que volverá a incluir en sus pactos poselectorales.

Pedro Sánchez y Albert Rivera. / PSOE
Pedro Sánchez y Albert Rivera. / Mundiario
Entre 4.000 y 5.000 millones, según el pacto PSOE - Ciudadanos
La posible eliminación de las diputaciones provinciales incluida en el pacto de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos fue una de las medidas más controvertidas del acuerdo entre ambas formaciones. A la propuesta de Ciudadanos para suprimir estos entes con 62.000 empleos públicos, el PSOE respondió con la idea de sustituirlas por consejos de alcaldes, y el partido de Albert Rivera dio por bueno el proyecto porque ambas supondrían un ahorro estimado entre 4.000 y 5.000 millones de euros.