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MUNDIARIO

Un catedrático de Derecho Laboral desmonta la tesis del ministro de Fomento sobre la estiba

Los sindicatos ya suspendieron los cuatro días de paro programados para este viernes y la próxima semana. Mientras, la multa a España de 22,8 millones por el monopolio de la estiba seguirá creciendo. La liberalización del sector parece difícil eludirla pero no así su negociación.

Un catedrático de Derecho Laboral desmonta la tesis del ministro de Fomento sobre la estiba
Íñigo de la Serna. / TVE
Íñigo de la Serna. / TVE

Mario Gontade

Colaborador.

Los estibadores españoles desconvocaron la huelga tras la derogación del decreto ley que pretendía sacar adelante el Gobierno de Mariano Rajoy. Los sindicatos ya suspendieron los cuatro días de paro programados para este viernes y la próxima semana. Mientras, la multa a España de 22,8 millones por el monopolio de la estiba seguirá creciendo, ya que la posible sanción europea de 27.522 euros al día vuelve a activarse tras el fracaso del decreto y si hay una nueva sentencia contraria subirá a 134.107 euros diarios. La liberalización del sector parece difícil eludirla pero no así su negociación con los sindicatos.

"Los motivos de desregular la estiba son los conocidos de barrer el Derecho del Trabajo y barrer cualquier vestigio de trabajo decente. Nihil novum sub sole. En la estiba, ya se fue haciendo poco a poco. Pues, como es sabido, el sistema de relación especial era ya un queso de gruyère, a base de exenciones y auto-prestaciones. Unas, muy justificadas, otras no tanto. Ahora, todos los estibadores pasarán a ser víctimas del trabajo casual, precario y sin derechos. Eso es lo que siempre ha querido el PP: el trabajo precario y sin derechos. Ahora, en la estiba", opina Jaime Cabeza, catedrático de Derecho Laboral.

Para este catedrático de la Universidad de Vigo, se está defendiendo un trabajo con derechos, con una mínima estabilidad en el empleo y con unos estándares de seguridad propios del mundo civilizado. "Se intenta evitar que los puertos compitan con dumping social, que es la loca carrera que uno ya vislumbra en una zona fronteriza entre Marín, Vigo y Leixôes", advierte desde su blog, titulado Caderno Social Periférico.

Para el profesor Jaime Cabeza, el Real Decreto-ley 4/2017 dice en esencia que los estibadores son "carne de empresa de trabajo temporal"

"No sé qué tiene que ver –opina Cabeza– que haya un registro de estibadores con que se vulnere el derecho de establecimiento. En tanto en cuanto éste no se vulnere, dentro de los parámetros de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la regulación será válida. Aparentemente, no se puede impedir que las empresas de otros Estados miembros contraten fuera del registro. Pero nada más. El registro puede existir. Y debe tener en cuenta las especificidades de cada zona portuaria. No solo eso, es que debe existir, de acuerdo con la normativa internacional. Por mucho que, de hecho, desapareció por arte de birlibirloque en la reforma laboral de 1994."

Para Jaime Cabeza, el Real Decreto-ley 4/2017 dice en esencia que los estibadores son "carne de empresa de trabajo temporal", sin otra alternativa que "unos misteriosos centros portuarios de empleo que, por supuesto, no se preocupa de regular". A su juicio, "se preocupa de que queden desregulados" y "lo demás son transitorias". Y concluye: "Bueno, también se preocupa de barrer los convenios colectivos."

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sostiene que el decreto ley contiene "la máxima flexibilidad" que permite la norma europea

De momento, el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido incapaz de convalidar en el pleno del Congreso el real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores y que aprobó el Consejo de Ministros del 24 de febrero.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sostiene que el decreto ley contiene "la máxima flexibilidad" que permite la norma europea, que se debe cumplir para evitar la multa diaria por el actual sistema de monopolio en la contratación de los estibadores.

El documento elaborado por el Ministerio de Fomento cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Europea y el consenso de las empresas estibadores, pero no con el apoyo de los trabajadores de la estiba ni con el resto de grupos políticos, como se ha visto en el Congreso, donde el Gobierno ha sufrido una derrota.