La Ley con la cual pondrán límite a los alquileres en Cataluña
La Ley propuesta por el sindicato de inquilinos en el Parlament será el marco legal para frenar el aumento de los alquileres en Cataluña. El instrumento jurídico cuenta con el aval de Junts per Catalunya, ERC, la CUP y los comunes.
Se trata del primer paso que dan en torno a este tema, cuyo eje central va dirigido a congelar y bajar los alquileres de los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes.
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El punto de encuentro, surge luego de varias reuniones donde no se vislumbraba una línea recta entre los socios del Govern. Ahora bien, la aprobación depende también de su convivencia en el ejecutivo, ya que tiene que tramitarse antes de que termine la legislatura.
Durante los últimos cinco años, en Cataluña se ha disparado el precio de los alquileres, incluso, 30 veces más que los sueldos, según el Sindicato de Inquilinos.
De hecho, en Barcelona la situación ha llegado al punto, que antes de la pandemia, el precio medio de una vivienda superaba los 1.000 euros, es decir un incremento del 40% en los últimos cinco años.
La propuesta, propone, que los nuevos contratos de viviendas en alquiler no podrán superar el precio acordado en el anterior contrato. De esta manera, el propietario tendrá que informar a los nuevos inquilinos de cuál era el precio anterior. Con esta medida, que prevé multas de entre 3.000 y 90.000 euros si no se facilita esta información. De esta manera, la norma busca evitar que se registren subidas de alquiler abusivas en las viviendas.
Otro aspecto fundamental, plantea que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres que hay en su zona, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el que establece el índice de precios de la Generalitat, que es el precio medio de la zona. Así se fuerza a la rebaja generalizada de precios de alquiler que están actualmente muy por encima del índice que estableció la Generalitat.
Por otra parte, en el texto se reconoce a las organizaciones de inquilinos como parte en la mediación de conflictos. El portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, consideró ayer que el proyecto de ley es “histórico” aunque todavía es una propuesta “de mínimos”.
Una vez que se concrete, afectará a cinco millones de personas que viven en las 60 ciudades en las que se aplicará la norma. Los ayuntamientos, sin embargo, tendrán que formular la continuidad de la regulación al cabo de un año de la aprobación de la ley, de tal manera que podrá modificarse según la ciudad. @mundiario
