Cataluña ‘abre el fuego’ contra La Moncloa por la financiación autonómica

Quim Torrá junto a Pere Aragonés, vicepresidente del Govern. / Imagen de archivo FB Pere Aragonés
Quim Torrá junto a Pere Aragonés, vicepresidente de Economía de la Generalitat. / FB Pere Aragonés
La Generalitat de Cataluña está dispuesta a llevar al Estado ante los tribunales a raíz del impago de los anticipos del sistema de financiación autonómico e invita a las demás comunidades autonómicas a unirse a su plan. La suma total asciende a unos 4.500 millones de euros que las comunidades ya no recibirán este año.
Cataluña ‘abre el fuego’ contra La Moncloa por la financiación autonómica

La financiación autonómica podría recibir las balas perdidas de la sentencia del procés que el Tribunal Supremo emitirá en el otoño. La Generalitat de Cataluña está dispuesta a llevar al Estado ante los tribunales a raíz del impago de los anticipos del sistema de financiación autonómico. Así lo confirmó Pere Aragonès, vicepresidente económico, durante una conferencia de prensa en el Parlamento autonómico para justificar el cierre de caja emitido en julio, con el cual se ejerció un serio recorte del gasto público que inicialmente estaba planificado solo para consejerías y los demás organismos del Ejecutivo comunitario. En Barcelona se propone como principal motivo de este recorte que La Moncloa no ha depositado a Cataluña los 1.300 millones de euros que les corresponden por la mejora en la recaudación del IRPF, en un 50%, y el IVA, en un 58%, y otros impuestos cedidos.

El funcionario ha dicho que, sumando lo no transferido en concepto de IRPF y otra partida relacionada a un nuevo sistema de contabilización del IVA iniciada en 2017, el total de las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y Navarra, deja de ingresar unos 9.000 millones de euros qu está usando el Gobierno central para contabilizar en favor de su reducción del déficit. A raíz de eso ha invitado a otras comunidades para que se sumen a su causa. Los de Quim Torra esperan aprovechar el descontento casi generalizado que existe en todo el país por la infrafinanciación de los servicios públicos por parte del equipo de Pedro Sánchez.

"Llevaremos al Estado a los tribunales para que nos paguen los recursos por los anticipos de la financiación de 2019 que son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña, que nos corresponden por ley y que nos están reteniendo de forma irregular", avisó Aragonès.

Con esto, La Generalitat devuelve el gancho a La Moncloa, que tendrá que trabajar a toda máquina para apagar el fuego, desatado luego de que María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, diera a conocer la existencia de un documento de la Abogacía del Estado que le permitirá transferir a las comunidades autónomas las sumas retenidas en el momento en que pudiera formarse por fin un nuevo Ejecutivo tras los comicios de abril, algo que se interpretó como una medida propagandística para despejarle el camino a Pedro Sánchez. En Barcelona se entiende que un Ejecutivo en funciones no puede comprometer el gasto para el Gobierno que tome posesión posteriormente.

Como sea, esta movida hará que la Generalitat incluya a otros Gobiernos autónomos molestos por la misma causa. "Invito al resto de Gobiernos a hacer lo mismo, para que si hace falta el recurso sea compartido", prosiguió Aragonès, quien también advirtió que, de ser necesario, llevará esta causa a los tribnales. A las demás autonomías les apuró a actuar, ya que la Generalitat presentará su recurso el martes de la próxima semana, coincidiendo con la primera reunión del Gobierno tras las vacaciones de verano.

Catalunya en Comú y el PSC han respondido rápidamente al funcionario. David Cid y la socialista Alícia Romero han dicho que en la situación actual de la tesorería estatal no se puede hacer mucho ya que se debe en gran parte también a la reticencia de los separatistas a dar el visto bueno a los Presupuestos Generales. Como sea, Aragonès ha replicado que la ley permite la transferencia de recursos que exije Barcelona. Eso sí, Hacienda no es el único ministerio que está sufriendo las consecuencias del bloqueo parlamentario que ha sufrido Sánchez.

Por ejemplo, las comunidades empiezan a trazar sus presupuestos en el momento que el Ministerio de Hacienda les informa sobre las previsiones de recaudación de los grandes impuestos, como el propio IRPF o el IVA. Ahí, Hacienda aprovecha para comunicar cuánto dinero le corresponde a cada comunidad.

A raíz del bloqueo político, el Gobierno central ha extendido el tiempo de los Presupuestos del año pasado. El País cita a sus fuentes de Hacienda para asegurar que no es posible pagar las entregas a cuenta del ejercicio del año pasado con las cantidades que ya habían garantizado. Tampoco es posible enviar el saldo positivo a las comunidades de la liquidación de cuentas de 2017, prosigue el mismo medio.

La suma total asciende a unos 4.500 millones de euros que las comunidades ya no recibirán este año pero que ya estaban fijados en los Presupuestos. Este desnivel obliga a muchos a ejercer recortes o retener egresos en la segunda mitad del año en curso. Las autonomías exigen también 2.500 millones más por el cambio del sistema contable del IVA.

Aragonès ha explicado que el cierre de caja publicado en el Diario Oficial de la Generalitat a inicios del mes en curso tiene un "impacto limitado", pues protege el pago de los salarios y servicios públicos básicos, como por ejemplo la educación y la sanidad. También explicó que, con todo y los recortes, el gasto público llegará a sus máximos, aunque haciendo énfasis que el problema no yace en el gasto, sino en la persona que lo recauda. @mundiario

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