Casi 1,2 millones de personas salieron de un ERTE en junio en pleno auge de la crisis
Uno de los efectos más perjudiciales de la crisis del coronavirus en España ha sido la destrucción del tejido socioeconómico a partir del acelerado proceso en el cual se ha trastocado toda la base del mercado laboral del país, que concentra la fuerza de trabajo de los sectores esenciales, entre ellos, los de producción industrial masiva, cuyo aporte a la economía española es superior al 20% del producto interno bruto (PIB).
Hoy por hoy, lo que mantiene la premura y la incertidumbre social en el país es el futuro del empleo y sus condiciones como el principal elemento del sistema de vida en un contexto marcado por el incremento exponencial de las demandas públicas ante un Gobierno que se encuentra en una delicada situación financiera.
Quizás también te interese:
El Gobierno descarta bajar el IVA al turismo y considera la ampliación de los ERTE
Y es que un total de 1,17 millones de personas dejaron de estar bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el mes de junio, lo que dejó el total de trabajadores con su contrato suspendido total o parcialmente en 1,8 millones.
Esto implica que, tomando como base referencial el salario mínimo oficial español de 1.050 euros, un total de 1.228.500.000 euros es la cifra global de remuneraciones que el Estado ya no deberá financiar debido a que esos empleados salieron de ese esquema y ahora sus pagos corren por cuenta de las empresas que han decidido suspenderlos de ese régimen laboral para reengancharlos y retornarlos a las condiciones laborales convencionales que tenían antes del confinamiento.
Según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del total de trabajadores afectados por un ERTE en junio, 1,56 millones eran por fuerza mayor y 0,27 millones por otras causas.
Por lo tanto, el Estado se vio obligado a cubrir la carga fiscal de sufragar 1.638.000.000 de euros en los pagos de salarios a esos más de 1,5 millones de empleados que comenzaron a ser insertados en ese esquema durante la fase más crítica del ahora expirado estado de alarma.
Ahora solo queda un diferencial de poco más del 50% de esa masa laboral a la cual se le aplicó un ERTE, cuyos salarios representan un presupuesto de 1.890.000.000 de euros para el Gobierno, que debe cubrir esos pagos a medida que las empresas se recuperan progresivamente del shock económico causado por el confinamiento. @mundiario
