#CaminoDelSol converge en el Camino de Santiago: la lucha de ANPIER por las renovables

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La Asociación Nacional de Inversores y Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) ha emprendido una interesante marea amarilla, cuyo fin es reivindicar una nueva política energética, el #CaminoDelSol

#CaminoDelSol converge en el Camino de Santiago: la lucha de ANPIER por las renovables

La Asociación Nacional de Inversores y Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) ha emprendido una interesante marea amarilla, cuyo fin es reivindicar una nueva política energética, el #CaminoDelSol

 

La producción de energía de origen renovable es una de las pocas herramientas en la que todos los gobiernos están oficialmente de acuerdo, y en una primera lectura no existen discrepancias acerca de su necesidad. Esta primera lectura asume que las tecnologías renovables son imprescindibles para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (G.E.I); estas emisiones son aceptadas como la principal causa del Cambio Climático, con alguna contada excepción conocida por todos. El Cambio Climático tiene consecuencias desastrosas y muy conocidas como son el deshielo de los polos o el incremento de la temperatura media del Planeta y en general la alteración de las condiciones de equilibrio en la biosfera. Desde la aprobación del Protocolo de Kioto en 1997 los sucesivos gobiernos de España han implantado medidas para incentivar la generación de electricidad verde y el uso de los recursos renovables, con un éxito razonable y la consiguiente reducción de G.E.I.

Las fuentes renovables tienen un coste de generación inmediato superior a las tecnologías convencionales (nuclear, gas natural, derivados petrolíferos…) y con el fin de incentivar su implantación los gobiernos concedieron importantes ayudas; éstas motivaron un crecimiento por encima de lo recomendable, y unos costes anuales que superaban las previsiones. La obligación de alcanzar los objetivos del Protocolo de Kioto hizo que hasta 2010 las administraciones estatal y autonómica fueran excesivamente flexibles a la hora de poner en marcha nuevas instalaciones, y poco reflexivos en cuanto a los costes que estas tecnologías iban a suponer.

La Crisis Económica y el desajuste entre los costes previstos y los costes reales, unidos a una desidia en solucionar el problema provocaron que a partir de 2012 cambiase totalmente la normativa sectorial; se impidió que las nuevas instalaciones recibiesen ayudas, se inspeccionaron de oficio todas las instalaciones en funcionamiento (y se obligaron a devolver las ayudas recibidas con cualquier excusa posible) y finalmente se rebajó el régimen retributivo para las instalaciones en funcionamiento. Esto supuso una auténtica estafa para los afectados, que azuzados por una legislación favorable (y en algunos casos disparatada) invirtieron millones de euros en el desarrollo de una tecnología limpia y económicamente muy interesante, y sobre todo una inversión segura; esta seguridad era la principal ventaja de las centrales, aparentemente lo peor que podría pasar es un año con menos viento o sol, aunque a largo plazo la meteorología se compensaría.

Pero falló la seguridad jurídica. Estas erróneas políticas energéticas derivaron en una serie de bandazos normativos, donde estas inversiones seguras pasan a ser poco rentables, aquellas de menor rentabilidad inicial pasaron a ser incluso deficitarias y en muchos casos acabaron cerrándose, como es el caso de muchas cogeneraciones.

Son los propietarios los principales afectados de esta situación, miles de ciudadanos anónimos que ante una rentabilidad aparentemente segura, que disponían de buenas ubicaciones o agrupándose en grupos de pequeños inversores han apostado por esta tecnología que según todas las previsiones laborales eran los “nichos de mercado” de los próximos lustros. Otros perjudicados son los estudiantes y técnicos que han invertido años y miles de euros en una formación de futuro, másters, cursos de especialización y todo tipo de formación aparentemente segura y continuamente azuzada por gobiernos supuestamente comprometidos con la lucha contra el cambio climático.

Son los afectados los que protestan y de forma muy llamativa. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) ha convocado una “marea amarilla”, una reivindicación para aclarar de una vez por todas el futuro de las fuentes renovables, un futuro que no es voluntario sino muy necesario. La “marea amarilla” es el Camino Del Sol, una iniciativa que busca una movilización social a favor de las energías renovables en colaboración con Greenpeace cuyo fin es exigir al gobierno saliente de las próximas elecciones un cambio del modelo energético en España, hacia uno sostenible, que huya de las energías fósiles importadas, centrado en las renovables y en particular resolver la inseguridad jurídica del sector con una normativa estable y que blinde al inversor ante cambios jurídicos repentinos.

Este Camino del Sol es una movilización que se iniciará el 9 de septiembre en Madrid, con una exposición itinerante sobre el modelo energético que recorrerá las principales ciudades de España, ofreciendo además actividades divulgativas cuyo fin es concienciar a la población de la necesidad de estas tecnologías renovables. Después de visitar todas las Comunidades Autónomas peninsulares este Camino del Sol finalizará en Galicia, convergiendo con el Camino de Santiago el 27 de septiembre, con un acto final en la capital gallega.

 

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