Calviño carga contra los altos sueldos de los directivos de la banca
Critica frontal. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha criticado la reciente decisión de Caixabank, que ejecutó el mayor ERE en su historia al despedir a 8.291 trabajadores. Ha señalado que la entidad debe “actuar con responsabilidad” y que el Gobierno va a “seguir indicando, marcando claramente, una línea que, ahora que se abre un proceso de negociación, minimice el impacto negativo sobre el empleo”.
Calviño ha asegurado que, ante los retos a los que se enfrenta el sector, el Gobierno viene instando desde hace tres años a “buscar y trabajar activamente en alternativas” y “hacer todo lo posible” para evitar los despidos. En ese sentido, la vicepresidenta también ha calificado como “inaceptables” los “altos sueldos y bonus pagados a directivos de las entidades”.
“Se trata de unas remuneraciones que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país, y menos aún en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas”, ha aseverado.
La vicepresidenta ha reconocido que el sector financiero “se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración” por su “situación de pérdida de rentabilidad”, ante “retos” derivados de los bajos tipos de interés, la digitalización o la creciente competencia.
Mencionó, en esa línea, que durante estos años han venido “advirtiendo” de la necesidad de “adoptar determinadas medidas para cambiar el rumbo de las entidades y del sector en su conjunto” que “minimizasen el impacto negativo sobre el empleo”.
“Esa es la línea que vamos a seguir teniendo. Creo que las entidades y el sector financiero en su conjunto debe actuar con responsabilidad y tratar de buscar todas las alternativas posibles”, ha instado la vicepresidenta, asegurando que la destrucción de empleo prevista supone “una pérdida de valor y capital humano que simplemente España no puede permitirse”.
Según fuentes de El País, Unidas Podemos considera que, de seguir adelante, se aplicará al ERE la llamada cláusula Telefónica “que impide que se destinen recursos públicos, vía prestaciones de desempleo, para financiar parte de su coste”. @mundiario
