Bufetes de abogados podrían presentar demandas masivas contra el Popular

La histórica y a la vez sonrojante venta del Banco Popular por un euro al Banco Santander dejó serias heridas en muchas partes, como en sus padrinos, quienes no podrán recuperar ni un solo de los euros que invirtieron en la entidad. El banco cotizó en Bolsa hasta el jueves, cuando sumó su octava jornada a la baja, con pérdidas que superaron el 6%. En una sola semana, la entidad perdió el 50% de su valor. El mercado de las acciones se basa en oferta y demanda, por lo que una precipitación de esa magnitud indicaba que los padrinos estaban desesperados por quitarse de encima sus participaciones en el banco. El inventario de inversores era de 300.000 y los 300.000 estaban enormemente disgustados con sus apadrinados. Y en esas, intervino el Mecanismo Único de Supervisión de Europa y la historia terminó tal y como ya todos conocemos. Con los inversores frustrados, por decir lo menos, por perder su dinero, los abogados especializados en demandas masivas se han lanzado con todo para hacer leña del árbol caído.

Desde las primeras horas de la tarde muchos bufetes especializados pagaron espacios en estaciones radiales para ofrecer sus servicios a los accionistas que quieran demandar al banco y recuperar su dinero. Los letrados han publicado anuncios, notas de prensa e incluso convocatorias para informar a los inversores.

El País cita el ejemplo del despacho Arriaga Asociados, que en su portal digital colgó un encabezado dedicado a la crisis del Popular: "Actualmente estamos estudiando todas las posibilidades para la recuperación de las inversiones de los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2016. Le animamos a que nos deje sus datos en el formulario que está a continuación para mantenerse informado de los avances en una posible reclamación", reza el mismo.

"LEAN Abogados, asociación de despachos especializados en derecho bancario y presente en 16 provincias, expondrá este jueves 8 de junio a las 11:00h las posibilidades que tendrán los afectados por la venta del Banco Popular", proclamó otro bufete por su parte. Eso sí, advirtió que "el grueso de inversores no recuperará su capital". No obstante, señala que pueden abrirse nuevas oportunidades a medida que el proceso avance. "Desde LEAN se alerta de que en algunos casos sí se podrá reclamar judicialmente. Es el caso de los accionistas que suscribieron en la ampliación de capital realizada en mayo de 2016 por importe de 2.500 millones de euros". Ignacio de Azúa, integrante de LEAN, apunta que “el motivo es que las cuentas utilizadas para realizar la ampliación no eran correctas”.

Por su parte, Rafael Roca, fundador del despacho Roca y Asociados, también publicó un comunicado para ofrecerse a los padrinos del banco. "El Banco Santander se enfrenta ahora a posibles sanciones civiles o penales por la ampliación de capital que hace un año realizó el Banco Popular. Hay accionistas que no solo han perdido su inversión, sino que deben seguir pagando al banco el préstamo que éste les concedió para tal fin”, señala.

Otro ente que se apuró a tomar partida de este movimiento masivo de abogados fue la asociación de consumidores OCUE. "OCU estudia acciones judiciales para defender a los pequeños accionistas del Popular", apuntó. La organización confirmó estar trabajando en una campaña de información para todos los perjudicados por el desenlace del banco. De igual forma, la asociación de consumidores financieros, Asufin, anunció que trabaja desde ya con abogados expertos y peritos financieros para presentar una querella formal contra la cúpula del Popular.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, Aemec (liderada por Javier Cremades) tildó la venta del Popular como una "expropiación", y apuntó que se plantea demandar al consejo administrativo del mismo, con Emilio Saracho a la cabeza, mediante una acción de responsabilidad social. La Aemec había pedido en abril a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que investigará a Antonio del Valle, accionistas mexicano del banco que tenía en su poder el 4.25% del capital, pues podría haber vulnerado la ley del mercado de valores abusando del mercado. De igual forma, los de Cremades apuntaron que Saracho se pegó un tiro en el pie con sus declaraciones en la junta de accionistas y que terminaron en una soberbia caída en la cotización "y arruinó a multitud de ahorradores".

El asunto incluso llevó a la creación de una página web llamada afectadosbancopopular, en la que los accionistas han llamado a sus demás pares para unirse y denunciar a la entidad. La plataforma permite registrarse mediante un formulario digital. La creación del sitio "cuenta con el respaldo jurídico de la firma RÚA Abogados, especialistas en Derecho Bancario, con más de 40 años de experiencia y un 98,9% de resoluciones favorables en vía judicial, defendiendo a afectados por una mala actuación de las entidades bancarias", según describe el mismo en una de sus pestañas.

Aporcentaje Abogados, otro bufete de abogados especializado en causas masivos y que presume de no cobrar honorarios hasta haber resuelto los casos de sus clientes, también tiene ahora una opción dedicada específicamente a los inversores del banco en cuestión. "Estamos agrupando accionistas del Banco Popular para interponer acciones legales contra los antiguos directivos de la entidad y/o contra Banco Santander en su caso como comprador".