Bruselas mantiene la taxonomía verde, pero reduce la carga para las empresas
La Comisión Europea ha decidido mantener la taxonomía verde fuera de los recortes previstos en su agenda de simplificación administrativa, lo que representa un revés para Alemania, que abogaba por modificar esta normativa clave para las finanzas sostenibles de la Unión Europea (UE). Sin embargo, según los borradores regulatorios a los que ha tenido acceso el diario El País, la reforma propuesta eximirá a un 80% de las empresas hasta ahora afectadas por la normativa de información sobre sostenibilidad, al elevar el umbral de facturación mínima para su cumplimiento a 450 millones de euros anuales.
Este cambio se enmarca dentro de la estrategia comunitaria para reducir la carga administrativa sobre las empresas, según justificó la Comisión. "Se necesita encontrar un equilibrio entre la generación de datos y la reducción de la carga administrativa", señala el documento. Así, mientras que las grandes empresas con más de mil empleados seguirán sujetas a las obligaciones de transparencia sobre su impacto ambiental, aquellas con menor tamaño podrán divulgar su información de manera voluntaria y con mayor flexibilidad.
Esta decisión ha generado preocupación en distintos sectores, incluido el Gobierno de España, que ha alertado sobre los riesgos de modificar la taxonomía. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, enviaron recientemente una carta a la Comisión expresando su oposición a cualquier alteración de esta normativa, considerándola "piedra angular del marco de finanzas sostenibles de la UE".
Un paquete de simplificación
A pesar de esta postura, Bruselas ha ignorado otra petición de España: mantener la obligatoriedad de los informes de sostenibilidad para todas las empresas, independientemente de su facturación. La reforma permitirá que las compañías que no superen el umbral de 450 millones de euros elijan si desean presentar estos informes, aunque si lo hacen, deberán seguir el marco normativo establecido por la taxonomía.
El paquete de simplificación administrativa propuesto por la Comisión también ha suscitado críticas por el riesgo de que se convierta en un debilitamiento de la estrategia climática de la UE. Diversos sectores temen que las nuevas mayorías en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, dominadas por partidos conservadores y de ultraderecha, utilicen esta reforma para desmantelar las políticas ambientales impulsadas en la legislatura anterior.
Bruselas insiste en que su objetivo no es rebajar las metas climáticas de la Unión, sino facilitar el cumplimiento normativo de las empresas. Sin embargo, la reducción de controles y sanciones podría desincentivar la implementación de estrategias empresariales alineadas con la lucha contra el cambio climático, poniendo en riesgo la transición hacia una economía neutra en carbono para 2050. @mundiario