Bancos y grandes empresas, entre los inversores que pagarán por las ayudas al naval

El presidente Alberto Núñez Feijóo / Xoán Crespo.
El presidente Alberto Núñez Feijóo / Xoán Crespo.
La Xunta ya ha solicitado al Gobierno que recurra ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión de Bruselas que obliga a devolver las ayudas recibidas desde el 2007 por el naval a través del tax lease.
Bancos y grandes empresas, entre los inversores que pagarán por las ayudas al naval

Se ha deshojado la margarita. Bruselas decidió pedir a Madrid que recupere las ayudas a los astilleros españoles entre 2007 y 2011. La presión del Gobierno de España parece que ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005, pero aun así el golpe es fuerte. Según datos de El País, se recibieron en total 2.800 millones de euros y retrasar dos años el periodo de devoluciones puede suponer ahorrar un 20% de lo exigido en un inicio. Las exenciones fiscales que proporcionaba el sistema de financiación de los astilleros atrajeron a empresas que no tienen nada que ver con el sector naval. Entre los inversores afectados por la multa impuesta por la Comisión Europea, según eldiario.es, están El Corte Inglés, Ikea o Inditex, además de entidades financieras como el Banco Popular o el Santander. Según ha sabido MUNDIARIO, de las dos antiguas cajas gallegas, ahora fusionadas en Novagalicia, una de ellas -Caixanova- también se había beneficiado de esas ayudas, a diferencia de la otra -Caixa Galicia-, que decidió no hacer tales operaciones por razones jurídicas.

Las inversiones en la construcción de buques en los astilleros españoles entre 2007 y 2011 rondan los 20.000 millones de euros y, dado que la desgravación fiscal fue de cerca del 10%, el cálculo de la sanción para los inversores es de unos 2.000 millones de euros. Ahora es la Hacienda española la que debe reclamar ese dinero, que iría a las arcas públicas españolas, según ha explicado el comisario de Competencia, Joaquín Almunia. Pero de momento el Ejecutivo de Mariano Rajoy se limita a decir que el "el Gobierno se reserva el derecho a recurrir", según han señalado fuentes de Hacienda.

Bonificaciones fiscales

El sistema de tax lease aplicado en el Estado, especialmente en Galicia, es un modelo que aprovecha ciertas bonificaciones fiscales y que ha sido denunciado por astilleros holandeses, a los que se la han sumado los de Noruega, Francia, Holanda, Finlandia y Portugal. ¿Por qué? Según Deia, el modelo fiscal español partía de normas legales pero en su conjunto no estaba expresamente autorizado por la CE. La denuncia, según CC OO, surgió de una agresiva oferta de Boluda para dar servicio de remolcadores en Amberes con buques construidos en su astillero de Valencia, así como la entrada de constructores navales del Estado en el negocio de dragas del astillero holandés Damen.

¿Cómo funciona el tax lease? El armador vendería el buque en construcción a una firma de leasing que a su vez realizaría un leasing con una agrupación de interés económico (AIE). Esta arrendaría finalmente el buque al armador a través de un contrato de "arrendamiento a casco desnudo". Se trata de una modalidad de alquiler por la cual se cede en explotación el buque a un tercero sin tripulación, correspondiendo al armador la plena gestión de la operativa del mismo. Para que este esquema se lleve a cabo, la compañía de leasing tendrá que financiar la adquisición del buque y dicha financiación será repagada con las cuotas de leasing pagadas por parte de la AIE. A su vez, la AIE financiará el pago de las cuotas de leasing mediante los fondos aportados por sus socios y mediante la financiación ajena. El repago de la misma se producirá con las cantidades pagadas por el armador a través del arrendamiento del buque y el pago de la opción de compra sobre el buque, que tiene el armador al finalizar el arrendamiento. Como puede observarse en esta explicación del mencionado diario bilbaíno, el armador cambia su posición inicial como propietario del buque a una situación en la que el buque es un activo arrendado.

Empresas que pagan menos impuestos

La medida permite a la AIE una amortización acelerada del buque. Dicha amortización da lugar a bases imponibles negativas, y, por la propia característica de la AIE al no estar sujeta directamente al pago de impuestos, dichas bases imponibles negativas se añaden a las bases imponibles positivas de sus socios en función de su porcentaje de participación en la AIE. El efecto final es una reducción del gasto por impuestos de los socios de la AIE. La traslación al armador de parte del impacto fiscal en la AIE a través de los precios del arrendamiento y la opción de compra, da lugar a un menor coste final de adquisición del buque a través de este esquema, frente a la compra directa.

Atendiendo al "principio de seguridad jurídica", la Comisión Europea ha decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés similar al español.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ya ha solicitado al ministro de Industria, José Manuel Soria, que el Gobierno de Rajoy recurra ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión de la Comisión Europea que obliga a devolver las ayudas recibidas desde el 2007 por el naval a través del tax lease.

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