Las autonomías empiezan a recortar gasto público ante la falta de Presupuestos
La titular de Hacienda, María José Montero, aseguró en la SER que dispone de un informe de la Abogacía del Estado para liberar —a través de un decreto— los 5.000 millones en anticipos a cuenta en cuanto haya Gobierno, pero explicó que eso “no puede hacerlo un Gobierno en funciones, porque condicionaría el margen de actuación del siguiente Ejecutivo”. Con unos nuevos presupuestos se liberarían también 2.500 millones procedentes de un cambio en la normativa contable del IVA; pero al estar en funciones, también ahí Hacienda está atada de pies y manos. Esa situación puede entenderse como una forma de presión para lograr la investidura, pero Montero rechaza esa interpretación: “No estamos usando esto para apretar”.
Los gobiernos de las comunidades autónomas ya no están para promesas. El aumento de la recaudación apaciguó las demandas pero ahora vuelve la sensación de asfixia así que más que un proceso de reforma de la financiación lo que urgen las autonomías es desbloquear recursos como los 2.500 millones de euros que les corresponden por el IVA de diciembre del 2017.
Hacienda subraya que la situación se complicará hacia final de año. El equipo de Montero se compromete a buscar un mecanismo —dentro de los márgenes que deja la Abogacía del Estado— para dar aire a las comunidades si los nuevos contactos para la investidura fracasan y para entonces sigue sin haber Gobierno.
Desde la Xunta de Galicia, denuncian que el Gobierno tampoco ha actualizado las entregas a cuenta para el 2020, lo que ya está causando tensiones de tesorería. En la Junta de Andalucía están esperando unos 400 millones por la liquidación de IVA y para destacar la magnitud de la deuda subrayan que “con ese dinero se construye, se equipa, se dota de personal y abre sus puertas un hospital entero”, aunque niegan que en los Presupuestos de 2020 vaya a aplicar recortes en el gasto para cumplir con el déficit.
El Gobierno catalán, por segundo ejercicio consecutivo, ha activado antes de lo que es habitual los mecanismos de recorte de su gasto público ante el riesgo de incumplir el objetivo de déficit. Por contra, en Madrid, la Consejería de Economía descarta de momento incumplimientos de sus obligaciones pero sí admite que “si esta situación se perpetuara en el tiempo y el Gobierno no diera una solución” sufrirá “tensiones de tesorería” y “podría verse afectado el puntual pago a los proveedores” que hoy está por debajo de los 30 días, así como “la prestación de los servicios públicos sin comprometer las reglas fiscales”.
En la Comunidad Valenciana las entregas a cuenta que han dejado de ingresar las arcas valencianas por estar el Gobierno central en funciones alcanzan los 450 millones de euros. En Baleares el Gobierno ha reconocido que tendrá que aplicar "ajustes" porque se incumplió la regla de gasto en 2018.
El Gobierno socialista de Castilla La-Mancha no garantiza que vaya a cumplir el objetivo de déficit este año porque el Estado le debe 350.000 euros. Pese a ello no prevé recortes, aunque entiende que otras comunidades lo hagan. La Junta de Castilla y León tampoco contempla ajustes, ya que prorrogó los Presupuestos de 2018 y no prevé incrementos de gasto: "Tenemos las cuentas cuadradas".
La Junta de Extremadura ya ha advertido de que no cumplirá este año con el objetivo del déficit, aunque el Gobierno socialista añade que no recortará el gasto en servicios sociales. En La Rioja, el Estado debe 100 millones, 22,49 millones de la liquidación del IVA del año 2017 y 89,8 de la actualización de las entregas a cuenta.
En Aragón, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez, estima que se tendrá que abordar un déficit de al menos 400 millones de euros, “fundamentalmente por el hecho de que el Gobierno de España no tiene presupuesto”. En Cantabria están“vigilantes” porque, de persistir el bloqueo, podrían verse “en la obligación” de hacerlo.
El Gobierno murciano no prevé, de momento, ajustes; Asturias evita pronunciarse al respecto. Pero los recortes ya han empezado en Canarias: el Ejecutivo autonómico ha decidido establecer una primera reducción de 140 millones del gasto de 2019 pare evitar un incumplimiento de las metas fiscales.
Lo que queda claro es que más allá del color político hay unanimidad autonómica al denunciar la deficiencia del sistema. @mundiario
